Denuncian a profesores, universidades y colegios por usar el español en las clases y las notificaciones

Así, el último informe elaborado por Escola Valenciana y la Plataforma per la Llengua, que se presenta como la «ONG del catalán», incluye un nuevo ramillete de denuncias en las que se señalan a profesionales de la docencia o instituciones educativas que emplean el español .

El denominado como «Informe de denuncias lingüísticas en el País Valenciano 2022» cita el caso concreto de una profesora de un instituto público de la localidad castellonense de Vinaroz que «se negó a corregir exámenes y trabajos al alumnado que los hacía en valenciano». Según consta en el documento, la denuncia apunta a que la docente sostuvo que solo podrían realizarse las pruebas en español dado su «origen de fuera» de la Comunidad Valenciana.

El informe de las entidades que gozan del respaldo presupuestario de la Generalitat también señala al Centro de Educación Infantil y Primaria CEIP Port de Sagunt por entregar únicamente las notificaciones en castellano, «obviando de esta forma las comunicaciones en valenciano».

Otra de las denuncias se dirige contra el «profesorado de un máster de la Facultad de Física y Química de la Universitat de Valencia que no respeta las clases en valenciano tal y como indica el propio postgrado«. La queja recalca que »las clases se están haciendo solo en castellano«.

Al respecto, la Plataforma per la Llengua mantiene activa una campaña bajo el lema de «Basta del en castellano para que nos entendamos todos» con el fin de recopilar denuncias contra docentes que utilizan el español.

Mientras, conforme avanzó ABC, la Oficina de Derechos Lingüísticos aprobada con rango de ley por la Generalitat amplía su ámbito de actuación a las universidades con el objetivo de perseguir posibles casos de discriminación de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana.

El informe sobre «denuncias de los derechos lingüísticos» tiene como objetivo «visibilizar la discriminación que sufre la ciudadanía cuando habla valenciano, pese a estar al amparo de la Ley vigente».

Además de Escola Valenciana y la Plataforma per la Llengua, encargadas de recopilar las denuncias, el documento tiene el respaldo de la Intersindical Valenciana, CCOO PV, Plataforma por el Derecho a Decidir o la Asociación de Escritores en Lengua Catalana, entre otras entidades civiles.

En ese sentido, el informe sobre la «discriminación lingüística colectiva» recaba una denuncia contra la Universidad Miguel Hernández de Elche en la que se sostiene que «los boletines comunicativos discriminan el valenciano ya que solo se envían al alumnado, profesorado y otro personal en castellano».

El documento recoge una nueva denuncia contra la misma universidad pública a la que se señala por «no utilizar en ningún grado, postgrado, máster o curso el valenciano como lengua vehicular -en caso de hacerlo es ocasional- y lo realiza todo en otras lenguas, principalmente el castellano». Además la denuncia reitera que en la Universidad Miguel Hernández de Elche «los mensajes comunicativos en redes sociales, publicidad o boletines son exclusivamente en castellano».

En otro caso, la denuncia va dirigida a la Escuela Politécnica Superior de la localidad alicantina de Alcoy, dependiente de la Universidad Politénica de Valencia, porque su web «únicamente tiene versión en castellano», toda vez que «aparece la opción de cambiar al valenciano, pero este botón no funciona».

El informe sobre denuncias de discriminaciones también señala a la escuela infantil del municipio castellonense de Nules por «utilizar el castellano como lengua vehicular pese a que el Proyecto Lingüístico de Centro estipula que debe ser el valenciano».