La «policía lingüística» de la Generalitat Valenciana se extiende a las universidades públicas

Esta oficina, calificada por la oposición como la «policía lingüística» de Ximo Puig empezó a funcionar por decreto en 2017, pero el Tribunal Supremo anuló gran parte de su contenido -doce artículos- al considerar que no atendían «a la legalidad» y generaban «indefensión ante los denunciados»: no se adaptaban al resto de procedimientos administrativos y no ofrecían la posibilidad de que las denuncias pudieran ser recurridas o impugnadas por el supuesto infractor.

Ahora, ya con rango de ley, el Ejecutivo tripartito que lidera el dirigente socialista corrige esas deficiencias y extiende el funcionamiento de este organismo a las facultades -entidades públicas autónomas-, que no venían recogidas específicamente en la normativa inicial. Se suman al conjunto de la Administración autonómica, local y estatal con sede en la Comunidad Valenciana, incluyendo la Administración de justicia, así como las empresas privadas. La alusión a las personas físicas se ha eliminado en el nuevo texto, por lo que no podrá señalarse a un particular.

A la espera de que concluya el debate en las Cortes Valencianas, la ley de acompañamiento se aprobará con la mayoría de votos de los grupos parlamentarios de PSPV, Compromís y Unides Podem, coincidiendo con la campaña que la Plataforma per la Llengua ha activado para recabar denuncias contra profesores que emplean el castellano en sus clases cuando la asignatura debe impartirse en valenciano.

En el ámbito político, el PP ya ha anunciado que derogará esta ley -que califican de «trampa»- si gobierna tras las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2023. Asimismo, los populares están estudiando otras acciones como un «recurso de inconstitucionalidad» con la firma de 50 diputados o senadores e instar al TSJ valenciano «a que presente cuestión de inconstitucionalidad».

¿Cómo funcionará la ODL? Cualquier persona física o jurídica podrá presentar una queja, sugerencia o consulta por discriminación, que en ningún caso será anónima. La Oficina de Derechos Lingüísticos ejercerá como mediadora entre ambas partes y también podrá actuar de oficio, aunque no tendrá carácter sancionador.

En el momento en que se presente una reclamación, el organismo deberá comunicar y enviar una copia de las actuaciones al órgano administrativo o la entidad en la que se han producido los hechos denunciados. En diez días, este tendrá que presentar «un informe en el que se indiquen las medidas que adoptará o las valoraciones que considere pertinentes relacionadas con el contenido de la queja», indica el proyecto de ley.

La oficina emitirá entonces otro informe con la resolución de las actuaciones -que remitirá a la persona afectada- y, si procede, «las buenas prácticas a adoptar para evitar situaciones como la que haya dado lugar a la queja». En ese sentido, se advierte de que «la falta de colaboración de las personas jurídicas, públicas y privadas, a quienes se haya comunicado una queja o sugerencia se debe hacer constar en la memoria anual».

No obstante, en la memoria de 2018 -primero y último año del que se tienen datos: 31 quejas, 53 sugerencias y tres consultas- se mostraban ejemplos generales y se preservaba el anonimato de los denunciados.

Además, en caso de que los hechos se produzcan en establecimientos turísticos, la oficina derivará la queja «a los órganos que tienen las competencias en materia de consumo o turismo, según corresponda, que deberán informar a la ODL sobre las actuaciones que hagan».

Del mismo modo, «cuando del análisis de un conjunto de quejas o sugerencias se desprenda la reiteración de unas mismas carencias o la necesidad de mejorar la prestación de un servicio en el ámbito de la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental», se podrá crear un equipo de trabajo para solucionar esos problemas.