Amnistía Internacional acusa a la Generalitat de «vulnerar los derechos humanos» por su respuesta «negligente» a la dana

El informe 'Tengo pesadillas en las que suena esa alarma' analiza la cronología del 29-O y las consecuencias que causó la mayor tragedia natural que se recuerda en la Comunidad Valenciana. Amnistía pone en el foco en la «falta de coordinación» entre los distintos niveles de la administración los primeros días posteriores al desastre, y a la «falta de un enfoque basado en derechos humanos», que no contó -a su juicio- con la participación efectiva de las víctimas y que «contribuyó» a una «sensación de abandono que numerosas personas» les han trasladado.

Según la organización internacional, la Generalitat Valenciana, responsable de la dirección de la emergencia de la dana, «vulneró el derecho humano a la vida y a la integridad física de miles de personas, al no proporcionar información adecuada, oportuna y accesible que pudiera haber evitado o mitigado el impacto de la catástrofe». «Como consecuencia -sigue-, miles de personas, que recibieron la alerta cuando la mayoría de ellas se encontraban ya en extremo peligro, quedaron desprotegidas, y cientos de ellas sufrieron las terribles consecuencias de una tragedia en parte evitable».

Según el movimiento global, esta gestión «negligente» constituye «una violación del derecho a la información», conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que la obligación del Estado de salvaguardar vidas incluye la obligación de informar adecuadamente a la población sobre cualquier emergencia potencialmente mortal.

Todo ello, especifica, en cumplimiento de los artículos 2 y 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como de los artículos 6 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 3 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que amparan el derecho a la vida, a la seguridad o al derecho a emitir y recibir información. «Esta actuación también ha infringido las normativas estatal y autonómica de protección civil, que reconocen el derecho de las personas a ser protegidas en caso de catástrofes, y a ser informadas de los riesgos y de las medidas de seguridad a adoptar para hacerles frente», advierte.

«Las personas con las que hemos hablado coinciden en señalar la desprotección y el desamparo en el que se encontraron antes, durante y después de la dana. El Estado español, en sus distintos niveles, no cumplió con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, y por lo tanto es necesaria una rendición de cuentas, mediante investigaciones exhaustivas que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas, y que permita incorporar aprendizajes en un sistema de protección civil que debe ser revisado en profundidad», afirma Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional y autor del informe.

«La alarma me llegó al móvil cuando ya llevaba tiempo subido a un semáforo. Por momentos no sabía si iba aguantar, pensé que me había llegado la hora», relata José Manuel, de Alfafar, que estuvo seis horas subido a un semáforo hasta que bajó el nivel del agua y perdió a su hermano, mientras intentaba ayudar a una mujer que estaba dentro de un coche.

Meri, también vecina de Catarroja, perdió a su padre Felipe. Los vecinos lo vieron subido a una valla, esperando un rescate que nunca llegó. Fueron los voluntarios quienes la ayudaron a encontrar el cuerpo de su familiar diez días después. «Yo he sentido la soledad más absoluta en el peor momento. Es muy doloroso la pérdida de un padre, pero también es muy duro darte cuenta del sistema en el que vives» denuncia.

En cuanto a la respuesta, haciéndose eco de los autos emitidos por la jueza instructora que sigue la causa penal, Amnistía recalca que la gestión de la emergencia en la provincia de Valencia era «responsabilidad directa e inequívoca de la Generalitat», a la que «le correspondía adoptar las medidas necesarias para alertar a la población y garantizar su protección».

Por otra parte, no deja libre de responsabilidad al Ejecutivo central presidido por Pedro Sánchez. «El Gobierno central no ejerció la facultad que le reconoce la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil para asumir la dirección de la emergencia», sentencia. Así, explica que el Ministerio de Interior les trasladó que solo pueden ejercer esta facultad previa solicitud del gobierno autonómico, y que como esta solicitud no tuvo lugar, la Generalitat Valenciana era en todo momento responsable de la dirección de la emergencia. No obstante, considera que la ley otorga al gobierno central la posibilidad de actuar por iniciativa propia cuando la emergencia afecta a más de una comunidad autónoma, situación que sin duda se produjo el día de la dana.

Finalmente, carga Amnistía, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, «no asumió de forma directa» la dirección de la emergencia, en aplicación de la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunidad Valenciana, «a pesar de la magnitud de la crisis, ni siquiera cuando la situación ya se había desbordado».

Amnistía Internacional recuerda que la responsabilidad internacional del Estado con respecto a este tipo de emergencias es «unitaria», es decir, «no puede eludirse alegando su diseño institucional interno o su reparto competencial», y debe responder a la catástrofe «de forma coordinada», tal y como establece la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Finalmente, señala que la emergencia «ha evidenciado la necesidad de que los Ayuntamientos implementen de forma efectiva el servicio de protección civil, con personal técnico y especializado». La organización se ha reunido con personal de algunos de los municipios más afectados por las inundaciones - Paiporta, Alfafar, Benetússer, Catarroja, Picanya y Massanassa-, que coinciden en afirmar que «no dispusieron de información suficiente ni precisa sobre el desastre durante el 29 de octubre». «Es decir, -concluye-, no solo fue tardío el envío del mensaje ES-Alert a la población, sino prácticamente inexistente el envío de información a los Ayuntamientos por parte de las autoridades competentes en la dirección de la emergencia».