Ximo Puig alerta de los constantes «incumplimientos» de la Constitución

"Aquí se pueden hacer dos cosas a la vez, incluso más", ha dicho, para agregar que no tiene "ningún sentido" que se condicione todo a la situación en Cataluña. Así, ha señalado que es "bastante incomprensible" porque esta comunidad "desgraciadamente no estaba sentada ya en la mesa", aunque esperan que vuelva.

Ha agregado que esgrime el Ejecutivo central una segunda razón, que las comunidades no se ponen de acuerdo, pero ha recordado que cada autonomía "ya ha presentado al Ministerio de Hacienda cuál es su posición respecto al informe de expertos" y la Comunitat Valenciana está "sustancialmente de acuerdo".

Sobre el reparto de los fondos, Puig considera que deben seguirse criterios "no arbitrarios, de equidad y de igualdad". "¿Quién puede estar en contra de la igualdad", ha preguntado.

Así, ha incidido en que más allá de que se presente un modelo el 31 de diciembre o el 15 de enero, porque no harán de eso "una guerra", la Comunitat no va a permitir "y no va a haber una circunstancia de lealtad institucional normalizada si no se cumplen los acuerdos de la Conferencia de Presidentes".

Por otra parte, se ha referido también a la propuesta del lehendakari, Íñigo Urkullu, de generalizar el concierto al conjunto de las autonomías y ha indicado que "con todo el respeto" si finalmente en la reforma de la Constitución se quiere plantear, "que se estudie", no va a decir que no porque sería "magnífico" para la Comunitat, al suponer 12.000 millones de euros más.

No obstante, y ante el coste de 100.000 millones de euros para el conjunto de autonomías, duda que sea factible y no quiere que se hagan "trampas al solitario".

Sí es factible, ha agregado, un nuevo modelo de financiación que garantice "la igualdad entre ciudadanos y la singularidad entre territorios" debe haber "un compromiso claro del Gobierno de poner encima de la mesa su propuesta y buscar un acuerdo".

Sobre la condonación de la deuda, ha indicado que se trata de "compensar económica y financieramente a las comunidades que han estado discriminadas" y, en definitiva, "compensar en diferido lo que se hubiera tenido que pagar en directo".