Una imputada en Imelsa tenía un Excel con el «listado de empleados que no fichan»

Las declaraciones de Benavent se han visto corroboradas por las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuyo informe de 77 folios se incluye en el sumario de la pieza separada que investiga los contratos ficticios en la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia, durante la etapa en que Alfonso Rus era el presidente provincial y Benavent el gerente de la mercantil.

Según dicho informe, en Imelsa incluso exitía un listado que incluía los nombres de los «trabajadores que no fichan» . El 17 de junio de 2009, María Gracia Escrihuela, responsable del área de Gestión, Formación y Programas Europeos (y una de las imputadas en esta pieza), remitió a otra administrativa de Imelsa un correo con el asunto «Listado personal que no ficha» . El correo, según el informe de la UCO, contenía una base de datos en formato Excel bajo el nombre «listado personal sin control de fichajes.xls», donde figuraban los nombres de varios de los imputados . Según las conclusiones de la Guardia Civil, estas personas percibían un salario de Imelsa pero en realidad no trabajaban allí.

La tesis de la UCO y del juez, que ha imputado a 28 personas en esta pieza separada (incluidos el expresidente de la Diputación Alfonso Rus, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent y varios antiguos empleados de la firma), se ve abonada por la existencia de otros indicios, como la sanción a la subdirectora de Turismo de Imelsa María Jesús Aleixandre por no utilizar la tarjeta que los empleados usaban para fichar y dejar constancia de sus horas de trabajo.

A finales de 2006 (antes de la llegada de Benavent), Imelsa abrió un expediente a Aleixandre por no fichar en seis meses, pese a contar con la citada tarjeta desde junio. La empresa pública consideró el no fichar como una «falta grave». Aleixandre fue despedida en agosto de 2007, tras trabajar para Imelsa en dos periodos (2001-2006 y unos meses en 2007). Se llevó 63.445 euros como indemnización , una cantidad que la UCO considera «excesiva», al superar «con mucho cualquiera de las percepciones económicas recibidas en los tres últimos años antes de su despido».