Isabel Bonig y Enric Morera, en las Cortes Valencianas en una imagen de archivo
Isabel Bonig y Enric Morera, en las Cortes Valencianas en una imagen de archivo - ROBER SOLSONA
Política

Los sindicatos minoritarios apremian para reformar la ley que redistribuye las ayudas públicas

Uso, Csif, Intersindical y Sindicato Independiente piden una reunión con el presidente de las Cortes Valencianas ante la demora en la tramitación de la norma

VALENCIAActualizado:

La tramitación de los presupuestos de la Generalitat el pasado año dejó algunas sorpresivas propuestas de los grupos. Una de las más destacadas fue la petición por parte del PP de retirar los 600.000 euros de ayudas directas a la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) para repartirlos mediante concurrencia competitiva. Aunque no sólo a la patronal, sino también a los sindicatos mayoritarios (que reciben 1,2 millones).

Esta iniciativa vino desencadenada por el descontento que le generó a la líder del PPCV, Isabel Bonig, el hecho de que los empresarios acudieran a la marcha por la financiación junto al Consell. Aunque meses después sellaron la paz, la intención del PP no se quedó ahí. Si bien no consiguieron parar las subvenciones -en las cuentas presentadas para 2019 se mantiene la misma partida-, decidieron ir más allá y plantearon la modificación de la ley de Participación Institucional.

La norma fue aprobada en 2015 durante el Gobierno de Alberto Fabra y la propuesta de los populares pasaba por que las subvenciones de la Generalitat dejaran de otorgarse a dedo, de modo que no sólo fueran a parar a la CEV, UGT y Comisiones Obreras, sino a otros sindicatos (como el CSIF o Intersindical), así como a organizaciones empresariales ajenas a la CEV.

La propuesta del PP tuvo luz verde para su tramitación en las Cortes Valencianas el pasado marzo con el apoyo de todos los grupos menos el PSPV. La comisión en la que se trataba (Coordinación) se reunió en varias ocasiones antes del verano y recogió diversas comparecencias. Sin embargo, no se ha vuelto a convocar desde entonces.

Una paralización por la que Uso, Csif, Intersindical y Sindicato Independiente han solicitado una reunión con el presidente de la Cámara, Enric Morera, para que se les informe sobre el estado de la reforma de la ley. Al encuentro acudirán los máximos representantes de las organizaciones. En su opinión, que la reforma salga adelante es cuestión de voluntad política.

Los socialistas, que ostentan la presidencia de la comisión, se han mostrado muy críticos con la reforma de la ley al entender que se trataba de una «venganza» del PP. UGT y CCOO también la rechazan. Además, desde el PSPV se cuestionan si chocaría con la normativa estatal de representatividad.

Por el momento no existe una estimación para volver a convocar la comisión, ya que todavía quedan otras leyes pendientes previas que incluso se retrasarán más con la tramitación de los presupuestos.