Mónica Oltra se persona en la causa por la gestión de los abusos de su ex para frenar su posible imputación

La dirigente de Compromís, aforada por su condición de diputada autonómica, no figura entre los trece investigados en esta pieza judicial, aunque el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha solicitado al TSJ su imputación, en una extensa exposición razonada, al considerar que existen «indicios racionales, serios y fundados» de su participación en el presunto encubrimiento del agresor y el supuesto desamparo a la víctima.

Oltra no ha querido esperar a que el alto tribunal se pronuncie -primero tendrán que hacerlo la Fiscalía y el resto de acusaciones- y ya ha contratado a dos abogados para que ejerzan su defensa: los penalistas Daniel Sala y Miguel Ferrer.

Según una diligencia fechada el 18 de mayo a la que ha tenido acceso este periódico y contra la que cabe recurso, los letrados podrán obtener una copia de la exposición razonada y de las actuaciones remitidas por el instructor Vicente Ríos, así como de aquellas que se emitan a partir de ahora.

El objetivo pasa por acceder a toda la documentación para «poder alegar» -como consta en el escrito formulado a principios de mes- contra aquello que se estime oportuno y evitar que la vicepresidenta acabe declarando ante los magistrados como investigada a un año de las elecciones autonómicas.

Serán la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva, y los magistrados Antonio Ferrer y Vicente Torres quienes decidirán si imputan o no a la portavoz del Gobierno autonómico y, al mismo tiempo, si asumen toda la causa. Un proceso que todavía se prolongará durante varias semanas .

En paralelo, Luis Ramírez Icardi, el educador condenado a cinco años de prisión que entre finales de 2016 y principios de 2017 abusó de una joven de 14 años en el centro concertado Niño Jesús de la capital del Turia, sigue a la espera del recurso presentado ante el Supremo.