Mónica Oltra insiste en no dimitir y tacha el informe de la Fiscalía de «conjeturas y elucubraciones»

La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana considera que la actuación de la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas y su equipo podría ser constitutiva de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos . La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ delibera desde este jueves si imputa o no a la dirigente de Compromís -aforada por su condición de diputada autonómica- en la causa con trece cargos y funcionarios del departamento autonómico investigados por el presunto encubrimiento del educador Luis Ramírez Icardi, condenado a cinco años de prisión y a la espera del recurso en el Supremo.

Cuestionada por los periodistas durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell sobre en qué momento se plantearía asumir responsabilidades políticas, la portavoz del Gobierno de Ximo Puig ha aseverado que «la verdad y la realidad» son, para ella, «la línea roja» : «Ninguna de estas trece personas ni yo hemos hecho nada ilícito ni deshonesto».

Oltra ha asegurado que se siente apoyada por sus compañeros en el Ejecutivo y afronta el proceso «con paciencia». Tampoco se plantea apartarse para centrarse en su defensa. En eso ya están sus abogados, ha incidido, al tiempo que ha afirmado que «mentiría si dijera que no» le ha sorprendido el duro tono con el que se expresa la fiscal Teresa Gisbert en un extenso documento de 69 páginas, que desgranó este jueves ABC .

«Aquí lo que se está diciendo es que trece personas, cada una de su padre y de su madre, han mentido al juez para protegerme a mí». «Yo no sé lo vota esta gente, lo que piensan, si les caigo bien o mal, o si comparten el proyecto político del Botánic. Y además, me da igual. Lo que sí que sé es que son personas que, algunas de ellas, llevan veinte años al servicio de la Administración y que se está cuestionando su profesionalidad», ha explicado.

«Cuando la verdad se convierte en increíble, este país tiene un problema. No solo de extrema derecha, sino de defensa democrática». «Si para la Fiscalía es imposible que trece personas actuaran con libertad y en función de su profesionalidad y con independencia, tenemos un problema», ha subrayado. «Si es imposible que todos se equivoquen, en lugar de pensar que ahí hay una conspiración, ¿qué tal si concluimos lo más sencillo, que es que no se equivocaron? », ha añadido ante la insistencia de los medios.

«No le estoy quitando relevancia» a la posición de la Fiscalía, pero por eso «las acusaciones se tiene que sostener sobre la realidad, hechos, evidencias y pruebas, no sobre conjeturas y elucubraciones », que «se vienen arrastrando» de una sentencia cuyas «opiniones» se han convertido en «una verdad absoluta», en referencia al fallo de la Audiencia de Valencia -ratificado por el TSJ- que condenó al agresor, trabajador de la residencia en la que vivía la menor.

La vicepresidenta ha rechazado que haya habido un cambio de versión sobre si ordenó -como aseguró en un principio para dar marcha atrás semanas después- abrir una investigación paralela a la que ya había en marcha en un juzgado sobre los abusos cuando conoció los mismos al emitirse una orden de alejamiento del agresor sobre la víctima.

«Yo hice las declaraciones en un contexto altamente emocional en el que se acababa de imputar a cinco personas más que no habían hecho nada», por lo que haciendo un «uso figurativo del lenguaje» quiso decir que esos trabajadores habían actuado «profesionalmente». «Era una manera de hacerme responsable de lo que se había hecho», ha añadido.

De momento, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig , se ha limitado a expresar su respeto a la Justicia , ante las peticiones de cese de los partidos en la oposición. Serán la presidenta del TSJ valenciano, Pilar de la Oliva, y los magistrados Antonio Ferrer y Vicente Torres -exfiscal Anticorrupción- quienes decidirán en los próximos días, y a un año de las elecciones autonómicas, si imputan a la líder de Compromís. La deliberación ya ha comenzado.