La «guerra de símbolos» resurge en Valencia

El cambio de Gobierno producido tras las elecciones autonómicas del pasado año en la Comunidad Valenciana propició la entrada en el Ejecutivo de Compromís, una formación de origen nacionalista entre cuyos miembros se hallan descatados defensores de las tesis de los «países catalanes» , con el titular de Educación, Vicent Marzà, a la cabeza, o el consejero de Transparencia, Manuel Alcaraz .

En este contexto, las entidades asentadas en Valencia que históricamente han difundido los postulados catalanistas como Acció Cultural del País Valencià (ACPV) o Escola Valenciana -ambas subvencionadas por la Generalitat de Cataluña- han encontrado en el Ejecutivo que forman el PSPV y Compromís los aliados perfectos para extender sus tesis en una región en la que, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Sociológicas, solo el tres por ciento de la población se muestra partidaria de un proceso independentista .

La semana pasada, ACPV dispuso libremente de la plaza de toros de Valencia para un concierto que derivó en un acto de exaltación catalanista. El la competencia sobre la gestión del coso corresponde a la Diputación de Valencia, gobernada por socialistas y nacionalistas, que perdonaron los 11.300 euros que cuesta la cesión de la plaza. Ese día, las calles de Valencia se plagaron de banderas independentistas catalanas en una jornada donde el protagonismo lo coparon dos diputados separatistas del Parlamento de la autonomía vecina: el cantante Lluis Llach y la dirigente de la Candidatura d'Unitat Popular, Anna Gabriel .

La oposición no tardó en reaccionar . Ciudadanos celebró el miércoles un acto en defensa del Estatuto de Autonomía y de la Constitución , mientras el Partido Popular ha registrado en las Cortes Valencianas una proposición de ley para recuperar la norma que blindaba señas de identidad tan básicas como la denominación oficial de la Comunidad Valenciana o de la lengua valenciana.

Esa ley fue una de las primeras que derogó , por el procedimiento de lectura única, el tripartito que sustenta al Gobierno autonómico (PSPV, Compromís y Podemos).

La negativa del Ejecutivo a hacer respetar los símbolos valencianos y el filón electoral que supone para formaciones como PP y Ciudadanos han situado de nuevo en el primer plano el debate identitario en una región en la que los analistas ya detectan claramente los primeros indicios de desaceleración económica, solo atenuada por el buen comportamiento del sector turístico, ahora amenazado por la tasa sobre las pernoctaciones hoteleras que prevé implantar el Ejecutivo a partir del próximo año.

Justo cuando acaban de cumplirse 24 años del consenso entre UCD y PSPV que acabó con la llamada « Batalla de Valencia» y que sirvió para aprobar un Estatuto de Autonomía aceptable para la gran mayoría de una población que en un sesenta por ciento se siente igual de valenciana que española, la «guerra de los símbolos» regresa y ya no solo alcanza los identitarios, por mucho que desde esta semana la Policía Local cuente con un dispositivo especial para evitar la exhbición de banderas de cualquier tipo en las Torres de Serranos, el documento más emblemático de la ciudad.

De hecho, la decisión del alcalde de Valencia, Joan Ribó , de desplegar una pancarta en el Ayuntamiento con la bandera de la República para celebrar el aniversario de la capitalidad de la ciudad ha abierto otro frente, en este caso sobre el modelo de Estado, que eclipsa las verdaderas problemáticas de la población.