Un año de «gobiernos a la valenciana»: política de gestos, luchas de poder y poca economía

El primer año tras el «cambio» ha estado marcado por las políticas de gestos frente a una gestión que no ha deparado el objetivo prometido de «rescatar personas».

En su primer año de mandato, el Gobierno autonómico ha aprobado tres leyes : presupuestos y acompañamiento, la de recuperación del servicio de radiotelevisión pública y la de cuentas abiertas.

Además, ha sacado adelante las modificaciones de la ley de régimen local para grabar los plenos municipales y la de la policía local sobre el acceso de los militares a estos cuerpos.

Además, PSPV, Compromís y Podemos derogaron la ley de señas de identidad del pueblo valenciano y aprobaron cinco decretos ley.

La actividad es muy similar al del primer año de la anterior legislatura , cuando con la mayoría absoluta del PP se aprobaron tres leyes y se modificaron otras seis.

Los trámites para la reapertura de Radio Televisión Valenciana (RTVV) han marcado las principales disputas entre el PSPV y Compromís con sus socios parlamentarios de Podemos. De hecho, los socialistas y nacionalistas llegaron a aventurar que las emisiones podría retomarse de forma provisional el pasado 9 de octubre, en coincidencia con la festividad de la Comunidad Valenciana. Podemos vetó esta posibilidad. Esta misma semana, la formación morada le ha enmendado la plana a la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra , que había señalado su voluntad de que las emisiones en pruebas empezaran en junio. Podemos quiere hacer coincidir la nueva televisión con el tercer aniversario de la clausura de las emisiones, que se cumple en noviembre.

En un gobierno marcado por el "mestizaje" ( cargos de Compromís y PSPV conviven en la Administración ), el principal choque ha llegado por la controversia entre nacionalistas y socialistas por la regulación de la apertura de los comercios en festivos, que en la actualidad ha quedado en el aire .

La Comunidad Valenciana registró el pasado año un total de 10.037 desahucios , lo que supone una media de veintisiete lanzamientos diarios, de acuerdo con las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. En el primer semestre de Gobierno de los socialistas y sus socios de Compromís se contabilizaron 4.563 lanzamientos frente a los 5.090 del mismo periodo del año anterior. Una ligera mejoría que dista mucho del objetivo de declarar a municipios como Valencia "ciudad libre de desahucios". De hecho, el pasado mes de marzo un hombre que iba a ser desalojado de la casa en la que residía por el impago del alquiler se quitó la vida con un arma de fuego.

A nivel autonónico, la Generalitat rebajó a principios de alos de 700.000 a 600.000 euros la cuantía del mínimo exento de tributar por el Impuesto sobre el Patrimonio , de modo que se amplía en 1.832 el número de contribuyentes obligados a declarar (unas quinientas familias más, de acuerdo con los primeros cálculos). Asimismo, el Gobierno del PSPV y Compromís ha creado una tarifa propia en este impuesto que supone, respecto a la estatal, el incremento de los tipos de gravamen en un porcentaje cercano al 25%, de forma que se prevé recaudar 23,38 millones de euros anuales. Además, se han creado tres nuevas tasas y se han actualizado otras para la adaptación de las mismas a la realidad prestacional y coste efectivo de los servicios administrativos.

Para el próximo año, la Generalitat estudia la implantanción de una tasa que grave las pernoctaciones turísticas, similar a la que ya aplican Cataluña y Baleares. El Gobierno autonómico calcula que recaudará treinta millones de euros anuales con el nuevo impuesto, que ha puesto en pie de guerra al sector turístico de la región.

Las principales denuncias de enchufismo en el Gobierno autonómico que forman PSPV-PSOE y Compromís con el respaldo de Podemos se han centrado en la figura de la consejera de Sanidad, Carmen Montón. Así, el Partido Popular ha denunciado en las Cortes Valencianas más de una veintena de nombramientos «a dedo» que han beneficiado a dirigentes o antiguos cargos socialistas. Entre ellos el de la exsenadora del PSC Mónica Almiñana como directora del hospital La Fe de Valencia . El anuncio de su nombramiento se hizo antes de que se convocara incluso el concurso para cubrir la plaza. El pasado mes de diciembre, la empresa mixta de aguas de la Diputación de Valencia, Egevasa, nombró como gerente a Alberto Hernández, marido de la «ministrable» de Pedro Sánchez. A los días dimitió tras las críticas por «enchufismo» recibidas, entre ellas la de la vicepresidenta de la Generalitat y líder de Compromís, Mónica Oltra.

En la filas de Compromís, una comisión de servicios permitió a la pareja del alcalde de Valencia, Joan Ribó , ocupar un puesto de asesora en el servicio de formación del profesorado de la Consejería de Educación, dirigida por Vicent Marzà, miembro también de la coalición nacionalista. Mientras, la hija de Ribó ha logrado un contrato temporal en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) para cubrir un puesto de ingeniero agrónomo. El nombramiento no se publicó ni el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana ni el portal de Transparencia de la Generalitat.

El PSPV-PSOE recuperó el gobierno de la Generalitat tras veinte años y con los peores resultados de su historia gracias a un pacto para su investidura con Compromís y Podemos (éstos le cedieron los votos justos para salvar la votación). El PP quedó sin su líder. Alberto Fabra se marchó al Senado en julio e Isabel Bonig tomó el mando de la oposición . Su trabajo se está centrando en recomponer un partido marcado por los casos de corrupción.

En este sentido, el PP ha quedado en situación precaria en el Ayuntamiento de Valencia , con nueve de sus diez concejales imputados por presunto blanqueo de capitales en una pieza separada del conocido como caso Imelsa. El PSPV-PSOE, por su parte, forma parte del gobierno de Ribó, aunque su perfil es bastante gris.