El primer año tras las elecciones del cambio: la realidad de aquellas promesas

Madrid: colección de crisis

Las crisis de gobierno le llegaron pronto a Ahora Madrid. La primera fue con su concejal de Cultura, Guillermo Zapata, del que trascendieron unos tuits polémicos que había publicado hacía cuatro años sobre el Holocausto , Irene Villa y Marta del Castillo. Se le encausó. La Fiscalía pidió el archivo al no ver intención de humillar, pero se reabrió el caso en dos ocasiones en la Audiencia.

Otro momento crítico surgió con la condena de la portavoz municipal, Rita Maestre , a una multa por un delito contra los sentimientos religiosos.La oposición pedía su dimisión. Pero si hay dos grandes hitos que han pasado factura al Ayuntamiento y a su concejal de Cultura, Celia Mayer, han sido el intento de aplicación de la Ley de Memoria Histórica –y los errores que han cometido– y el Carnaval de 2016. En este último episodio dos titiriteros, uno de ellos con antecedentes policiales, y relacionados con grupos de extrema izquierda, resultaron detenidos y serán procesados por un delito de enaltecimiento del terrorismo por representar un espectáculo de marionetas , programado por Ahora Madrid, para público infantil; se violaba a una monja y mostraba un cartel con «Gora Alka-ETA·. Carmena no ha cesado a ninguno de sus ediles por sus «pecados».

De las primeras iniciativas que puso en marcha al llegar al Gobierno de la capital fue el montaje de la web Versión Original . El objetivo, señalar en este portal qué informaciones no eran ajustadas a su versión.

Uno de los empeños del partido de la ex juez era reducir el número de desahucios, una de sus promesas electorales. Ya en el Gobierno, reconocieron que no era competencia del Ayuntamiento. Crearon la Oficina de Intermediación Hipotecaria . Desde su apertura el 15 de julio han atendido a 1.743 personas. Han llegado a pacto con entidades financieras en 204 casos.

Barcelona: contra la Monarquía

El gobierno en minoría de Ada Colau ha dificultado que el consistorio pueda sacar adelante muchas iniciativas. Según explican fuentes municipales, en las sesiones plenarias se han presentado 10 medidas de gobierno y en las comisiones de plenario, otros 23 proyectos municipales de menor escala. Entre estas propuestas, destacan las que tienen que ver con acciones contra la pobreza y para garantizar la vivienda a colectivos en situación vulnerable, el plan «Barcelona, Ciudad Refugio» para ayudar a refugiados, un proceso participativo sobre el modelo turístico de Barcelona o una mejora del abordaje de los casos de violencia machista.

El equipo de Ada Colau ha encabezado una polémica lucha contra los símbolos históricos . Al mes de ser investida como alcaldesa ordenó la retirada del busto de Juan Carlos I de la sala de plenos del Ayuntamiento, que no ha sido sustituido por otro de Felipe VI, y durante las fiestas de la Mercè eliminó del programa oficial la misa de homenaje a la patrona de la ciudad. Polémico fue también el Padrenuestro blasfemo que se leyó durante la entrega de los premios Ciudad de Barcelona, que levantó muchas críticas. También está impulsando cambios en el Nomenclátor , como la retirada de la plaza Juan Carlos I o la instauración de la plaza de la República, que celebró con una gran fiesta popular.

Según datos del Ayuntamiento, desde julio de 2015 hasta principios de mayo, en Barcelona se llegaron a abrir 1.466 procesos por impagos en inmuebles privados , que derivaron finalmente en 340 desahucios.

Valencia: impuestos al comercio

La política fiscal del Ayuntamiento de Valencia, gobernado por Joan Ribó (Compromís) en coalición con el PSPV-PSOE y València en Comú, la marca blanca de Podemos en la ciudad, ha estado marcada por la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles de hasta un cuarenta por ciento a los comercios. La medida afecta a 5.000 establecimientos, la mayoría pymes, que sufren una recarga media cifrada en los 1.500 euros, pero también a grandes superficies. De hecho, El Corte Inglés ha denunciado un incremento del 36% respecto a lo abonado por el año 2014.

En la filas de Compromís, una comisión de servicios permitió a la pareja del alcalde de Valencia, Joan Ribó, ocupar un puesto de asesora en el servicio de formación del profesorado de la Consejería de Educación , dirigida por Vicent Marzà, miembro también de la coalición nacionalista.

Mientras, la hija de Ribó ha logrado un contrato temporal en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) para cubrir un puesto de ingeniero agrónomo.

El nombramiento no se publicó ni el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana ni el portal de Transparencia de la Generalitat.

Joan Ribó decidió rescatar la pasada Navidad una cabalgata «republicana» que solo tiene un precedente en 1937. Asimismo, acordó el cambio en la denominación oficial de la ciudad, que ahora pasa a llamarse Valéncia, con el acento abierto. El Ayuntamiento ha retirado el convenio anual con el Banco de Alimentos de Valencia , que atiende a 8.000 familias. El Consistorio pretende dar una ayuda personalizada. El Ayuntamiento ha vetado la representación oficial en procesiones, como la de la patrona de la ciudad, a la que los concejales pueden asistir pero a «título personal».

Zaragoza: proclamas anti deuda

PP, PSOE y Ciudadanos unieron sus votos para impedir la subida de impuestos que pretendía el gobierno municipal de Santisteve (ZEC) . De hecho, este 2016 rigen las ordenanzas fiscales pactadas entre esos tres partidos, que tumbaron las que había propuesto el equipo de gobierno.

Pedro Santisteve llegó al Ayuntamiento de Zaragoza cargando contra la banca y calificando de «criminales» los intereses que pagaba —y paga— el Consistorio por la abultada lista de créditos que acumula. Las proclamas contra el pago de la deuda, sin embargo, han quedado en nada siendo alcalde. Este año, con Santisteve al frente del Ayuntamiento, Zaragoza pagará a los bancos por su deuda municipal 11 millones de euros más en intereses , lo que establecen los préstamos que tenía firmados. Mientras tanto, el endeudamiento ha seguido escalando puestos y este Ayuntamiento está abocado a elaborar un nuevo plan de ajustes para encarrilar sus deterioradas cuentas.

Entre las controversias más sonadas que han dejado estos diez meses destaca —bote de gomina aparte— la decisión de Santisteve de borrar el nombre de «Príncipe Felipe» del Pabellón de Deportes de la capital aragonesa. Fue una decisión unilateral de su gobierno en minoría que se las tiene que ver aún en los juzgados. Pese al rechazo de la mayoría del Pleno, el gobierno de ZEC consumó el borrado del nombre de una de las fachadas del pabellón —en otra aún se mantiene—. Lo hizo apresuradamente, esquivando la orden de paralización de los trabajos que emitió un juzgado.

Santiago y Ferrol: no conocen la tradición

Los comerciantes del casco viejo de Santiago sufren desde hace meses complicaciones con varios indigentes con serios problemas de alcoholismo, que duermen y hacen sus necesidades en plena calle. La cuestión tiene un componente social y otro turístico y ninguno de ellos es solventado por los responsables políticos, que atajan la polémica con descalificaciones hacia la asociación que agrupa a los hosteleros de la zona monumental compostelana. También por motivos ideológicos se retiran las ayudas a la Red Madre .

La ausencia del alcalde de Santiago, Martiño Noriega , en las celebraciones en torno al Apóstol Santiago en la Catedral o detalles como la falta de previsión en la contratación de las luces de Navidad que estuvieron cerca de imposibilitar la iluminación, son el pan nuestro de cada de día.

Tampoco Ferrol se libra de las polémicas constantes: su alcalde, Jorge Suárez, y el concejal de Cultura fueron fotografiados fumando en una bañera en el Ayuntamiento.

Pero si hubo un conflicto que le dio más de un quebradero de cabeza fue su enfrentamiento con las cofradías de Semana Santa , a quienes quiso suprimir toda ayuda municipal. El alcalde no supo medir la trascendencia y el arraigo que esta celebración popular mantiene entre los ferrolanos. En Ferrol, Suárez se enfrentó el pasado verano a la Xunta por la gestión de las aguas residuales , que obligó a cortes de suministro durante varios días por un episodio de contaminación.

Cádiz: de la novatada a la nada en un año

Una de las promesas electorales del actual alcalde era convertir Cádiz en una ciudad sin desahucios. El primero y más recordado con el que se encontró Kichi a su llegada a la Alcaldía , concretamente el 22 de junio de 2015, fue en la calle Benjumeda. El propio alcalde intentó pararlo, acompañado de varios de sus concejales, aunque no lo consiguió ya que se trataba de una orden judicial. Dijo sentir una gran impotencia por no poder evitarlo, cargó contra la propiedad y consideró desmesurada la presencia policial. Pero el alcalde y su equipo de gobierno se han topado con la realidad. Los problemas de vivienda continúan tal y como estaban. No hay pleno al que no acuda algún gaditano a exigir soluciones y ayuda por parte del Consistorio. Es la Junta la competente en materia de Vivienda y contra esta institución carga las tintas exigiendo hasta en los presupuestos que «cumpla con su obligación». La oposición le recrimina este cambio de actitud, muy distante de la que tenía «cuando gritaba tras una pancarta y a golpe de megáfono culpando siempre al anterior Ayuntamiento de la situación de muchas de las familias gaditanas con problemas de vivienda en nuestra ciudad».

Una de las banderas de las delegaciones locales de Podemos para captar votos era la limitación del número de asesores, el final del despilfarro en el gasto ligado a la presencia de presuntos expertos adjuntos a los responsables de las administraciones públicas. Sin embargo, en Cádiz, esa proclama ha terminado en pura teoría . La práctica es que las nuevas formaciones tienen sólo un asesor menos que sus antecesores pero con un coste mayor para las arcas municipales: El Ayuntamiento de Cádiz, desde que lo gobierna Podemos-Ganemos , destina 569.287 euros al año para pagar a sus asesores.

Durante el último año, una de las medidas más llamativas del nuevo alcalde de la ciudad ha sido la subida de los impuestos, después de haber estado durante seis años congelados por el anterior equipo de gobierno . A pesar de que la subida del IBI estaba justificada por el equipo de gobierno con una serie de bonificaciones para las familias numerosas, no deja de ser un incremento de los impuestos a pesar de que durante la campaña electoral, Podemos no paró de repetir que no los subirían nunca.

Argumenta el Ayuntamiento que esta subida es imprescindible para mantener los servicios sociales que son su absoluta prioridad, parte de la oposición y la ciudadanía la entiende como un golpe a la exigua clase media de Cádiz , como una traición electoral.

Coruña: sin presupuestos y proyectos paralizados

La sensación de parálisis predomina entre los habitantes de La Coruña , que sufren la consecuencia de la inexperiencia del gobierno municipal en problemas tan simples como la reparación de baches. Mención aparte merece la actitud del Ayuntamiento coruñés con dos de las grandes obras que la anterior corporación dejó: los túneles de la Marina y del Parrote que han permitido peatonalizar toda la superficie anexa al puerto deportivo, en el entorno de la famosa plaza de María Pita. El alcalde, Xulio Ferreiro , se enfrentó con la Autoridad Portuaria obstaculizando la entrega de la primera obra, por lo que tuvo que intervenir la Abogacía del Estado, y demoró la apertura del segundo con excusas casi un año.

La Coruña sigue a día de hoy sin presupuestos , aunque esta semana la Marea Atlántica ha alcanzado un acuerdo con PSOE y PP para aprobarlos.

El alcalde Xulio Ferreiro pretendía incrementar el IBI en los terrenos portuarios , lo que provocó una rechazo generalizado al entender que podría causar un grave daño a la actividad económica. Finalmente, la Marea dio marcha atrás y aprobó una alegación referida a la Lonja, que le permitirá una bonificación del 50% del gravamen.

No obstante, la mayor polémica se produjo con el adelanto en la recaudación del IBI. Unos 60.000 coruñeses con sus recibos domiciliados estuvieron a punto de ver cómo se les cobraba esta tasa por segunda vez en menos de seis meses. Finalmente, el alcalde, debido a la presión social, rectificó.