Echávarri niega ante el juez el fraccionamiento de contratos en el área de Comercio de Alicante

Los tres se enfrentan a una posible pena de 10 años de inhabilitación, a petición del Ministerio Fiscal, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa por la adjudicación directa de hasta 25 contratos menores, por un importe inferior a 18.000 euros cada uno de ellos, pero por una suma global de 189.000 euros .

Todos ellos se tramitaron entre noviembre y diciembre de 2016 y se agrupaban en torno a la organización de la Gala de Premios del Sector, a diversas inversiones en mercados municipales y a la contratación de campañas publicitarias sobre el comercio local.

El primero en comparecer ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante ha sido el exalcalde, quien se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de la Fiscalía, representada por el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, y se ha limitado a explicar, a preguntas de su letrado, que él no tuvo ninguna intervención en la tramitación de esos 25 contratos bajo sospecha.

Así, ha declarado que él no tuvo conocimiento de ellos ni de la existencia de «problemas» hasta que se lo comunicó su jefe de Gabinete de Alcaldía, Eduardo Díez, en febrero de 2017.

Después, ha señalado que pidió al jefe del servicio de la Concejalía de Comercio, Diego Agulló, que le facilitase copia de esas facturas. Y, según ha dicho, a partir de ahí se puso «en manos del interventor y de los servicios jurídicos e hice lo que nos dijeron».

Además, también a preguntas de su abogado, Echávarri ha subrayado que él no tenía ningún vínculo personal ni relación de interés con las empresas con las que se concertaron dichos contratos, aunque sí ha apuntado que sí conocía a esas mercantiles.

El segundo en prestar testimonio ha sido el exjefe de Gabinete de Alcaldía, Eduardo Díez , quien también se ha negado a responder al fiscal.

A respuesta de su propio abogado, Díez ha explicado que él solo tuvo intervención en cuatro de los 25 contratos en discusión y que su labor se limitó a ejercer la función que tenía conferida, que era la de «sancionar» con su firma digital que tenía instalada en su ordenador aquellas facturas relacionadas con la contratación de publicidad institucional o actos de protocolo , previamente supervisadas y «filtradas» por los técnicos.

En su testimonio, Díez ha insistido en manifestar que, a su juicio, esos 25 contratos no guardaban ninguna relación entre sí y que no constituían una unidad funcional, por lo que no podía entenderse que existía un fraccionamiento de contratos.

Por último, el entonces asesor de la Concejalía de Comercio, Pedro de Gea , que también se ha negado a responder a Briones, ha subrayado que nunca recibió «directrices» del alcalde ni de nadie sobre «cómo ni con quién» se debía contratar desde la Concejalía de Comercio.

Igualmente se ha referido a la organización de la Gala de Premios al Comercio para señalar que su contratación corrió a cargo de los técnicos municipales que eran los que conocían las necesidades, puesto que se venía celebrando desde hacía veinte años. Entre esos técnicos, figuraba el jefe de Comercio, Diego Agulló, por lo que ha dicho no entender por qué había emitido un informe en el que expresaba dudas.

«Puedo comprender que pudiese haberlo hecho por susceptibilidad personal», al aludir a los procesos judiciales en los que el técnico se encontraba inmerso entonces por circunstancias similares. Y también ha apuntado que él no disponía de firma digital para poder sancionar ni firmar los contratos.

Por su parte, el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, a la vista de que los acusados se habían negado a responder a sus preguntas, ha solicitado que se reprodujese parte de las declaraciones recabadas durante la fase de instrucción, tras considerar que se había podido apreciar contradicciones entre el contenido de aquellos testimonios y las explicaciones ofrecidas en el juicio.

En concreto, el acusador público se ha referido a la existencia de supuestas contradicciones respecto a cuál fue el grado de conocimiento del alcalde sobre los contratos en discusión.

El tribunal ha resuelto acceder a esa petición y se han reproducido esos testimonios.

El juicio prosigue este martes con la declaración de tres testigos: el actual alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP) ; el interventor municipal, Francisco Guardiola, y el jefe de Servicio de Comercio, Diego Agulló.