La Diputación de Alicante crea su propio fondo de cooperación con 20 millones frente al de Puig

El anteproyecto del documento prevé 214,9 millones de euros en el capítulo de ingresos (sube un 3,9%) y a 194 en el de gastos (sube un 2,3%) y que se someterá a votación en un pleno extraordinario el martes 13 de diciembre.

No obstante, el presidente de la institución, César Sánchez , ha reiterado su oferta de negociación al presidente del Consell, Ximo Puig , para entrar en el fondo de cooperación creado desde la Generalitat, en función de los criterios de reparto y sin que los municipios alicantinos perciban menos de lo que les corresponde en proporción a la aportación de su Diputación.

“La atención a los municipios es una prioridad para el Gobierno provincial y seguirá siéndolo durante el próximo ejercicio”, ha indicado Castillo, quien ha apuntado que “hasta que se alcance un acuerdo con la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante desarrollará su propio fondo de cooperación basado en criterios de reparto equitativos y que permitirá que lleguen cerca de 20 millones de euros a nuestros pueblos”. El citado programa, ha explicado, se financiará con los remanentes de tesorería. “Es incuestionable que esto es un fondo de cooperación provincial para municipios en toda regla”, ha indicado Castillo.

Entre las novedades, en el próximo ejercicio se pondrán en marcha los Planes Municipales de Accesibilidad Universal, cuya convocatoria estará dotada con 250.000 euros y de la que se pondrán beneficiar los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes.

Además de la inversión en obra pública, para la creación y mantenimiento de "miles de puestos de trabajo", desde el Gobierno Provincial vamos a seguir apostando por proyectos que fomenten el desarrollo empresarial, como los centros Coworking, la Agencia de la Salud y la Dieta Mediterránea o la compra innovadora y responsabilidad social corporativa, iniciativas que contarán en 2017 con una partida que ronda los 300.000 euros.

La rebaja en un 40% de la asignación a los grupos políticos, generando un ahorro anual de 207.000 euros, o el mantenimiento de la deuda viva en cero son otros de los parámetros de unas cuentas que, como ha reconocido el portavoz del equipo de Gobierno, han estado condicionadas por el plan económico financiero que la Diputación se vio obligada aprobar el pasado mes de julio por incumplir la regla del gasto como consecuencia de participar en la denominada Xarxa de Llibres.

Y es precisamente ese plan económico financiero el que, ha explicado Castillo, condiciona la participación de la Diputación de Alicante en el Fondo de Cooperación Municipal planteado por el Consell en 2017.

Además, reclaman la necesidad de una Ley Autonómica de Justa Financiación Local que haga participes a los ayuntamientos de los impuestos recaudados por la Generalitat, por lo que la posible participación en el fondo de cooperación del Consell será transitorio hasta la aprobación de la citada ley.

“Queremos dejar clara nuestra voluntad de diálogo y agotar esa vía para encontrar puntos de consenso que nos permitan ofrecer a los municipios las mejores opciones de financiación”, ha indicado Castillo, quien ha rechazado que la no participación en 2017 en este fondo suponga una discriminación hacia los municipios alicantinos “ya que la Diputación de Alicante, como hemos dicho, subvencionará en 2017 con más de 70 millones a los ayuntamientos, tanto para obras como para gasto corriente,. Esta inversión supera con mucho las expectativas planteadas por el Fondo de Cooperación de la Generalitat”, ha concluido el portavoz del Gobierno Provincial.

Este lunes, el presidente ha presidido la Junta General del Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Marina Alta , celebrada en Xàbia y en la que se ha aprobado el presupuesto del ente para 2017.

La previsión económica de este órgano para el próximo ejercicio asciende a acerca de 200.000 euros y cuenta con una aportación provincial del 50 por ciento. Contempla, entre otras actuaciones, una partida para estudios destinada a desarrollar propuestas como un plan de emergencia por sequía o diversas asistencias en materia hídrica.