Rita Barberá: en el punto de mira de la investigación desde el primer día

No ha pasado ni un mes desde entonces y el juzgado de instrucción número dieciocho de Valencia ya ha iniciado el trámite para que el Supremo cite como investigada a la que fuera durante veinticuatro años alcaldesa de la tercera capital de España.

El caso Taula tomó una derivada por el delito de blanqueo de capital en el grupo municipal del Ayuntamiento de Valencia, que ha terminado como pieza separada de la principal y por la que tendrá que declarar Barberá ante el Supremo después de que tantos los investigadores como la Fiscalía y Víctor Ríos , el instructor del caso, hayan observado indicios de su participación en el presunto delito.

Los investigadores tuvieron conocimiento del supuesto blanqueo en el grupo municipal del PP en Valencia a raíz de unas escuchas entre el exgerente de Imelsa Marcos Benavent y la entonces concejala de Cultura María José Alcón , esposa del exvicealcalde Alfonso Grau , procesado en el caso Nóos y que este lunes quedó en libertad tras ser detenido por un supuesto delito de cohecho.

A través de esas grabaciones tiraron del hilo de la trama de blanqueo de capital que se ha saldado con la imputación de 49 personas. De ellas, diecisiete son concejales y exdiles del PP. Del actual grupo municipal, formado por diez personas, solo una, el independiente Eusebio Monzó , no está investigada. Rita Barberá encabezó esa candidatura en las elecciones municipales de mayo de 2015.

En su vertiente política, este caso ha supuesto la práctica disolución de la organización del partido en la ciudad, tras la suspensión de militancia del presidente local del partido y portavoz, Alfonso Novo , y el nombramiento, el pasado viernes, del diputado y exconseller Luis Santamaría como responsable de la nueva gestora.

El juez centra las pesquisas en aquella campaña electoral y en una cifra concreta: 50.000 euros . Una cantidad que el PP habría obtenido a través del cobro de comisiones ilegales y que se «lavó» a través del método del «pitufeo» . Los concejales y asesores ingresaban 1.000 euros en la cuenta del partido a modo de donativo y luego se les devolvía en un sobre con dos billetes de quinientos euros. Todos ellos siguen como imputados tras prestar declaración ante el juez.

Algún concejal cometió la imprudencia de ingresar el dinero en su cuenta corriente , a pesar de que la trama ponía como condición para devolver los donativos que el dinero no se ingresara en entidades bancarias. Otros fueron a grandes almacenes a hacer compras y luego devolvían los productos adquiridos: así se «lavaban» dos billetes de 500 euros.

Los investigadores no conciben que Barberá, alcaldesa entonces y candidata a la reelección, fuera ajena a estos movimientos para blanquear capitales. La exalcaldesa apeló al secreto de sumario para no dar explicaciones más allá del comunicado que emitió el pasado 2 de febrero. La causa seguirá secreta hasta el 14 de marzo.

En los interrogatorios la pregunta clave que se la ha formulado a los concejales y asesores del Partido Popular que dieron los donativos fue la de quién ordenó que se blanqueara el dinero.

Al respecto, la exsecretaria del grupo municipal del Partido Popular de Valencia Mari Carmen García-Fuster está considerada la mano ejecutora de la trama que reclamaba los donativos para ocultar, mediante el blanqueo de dinero, la financiación irregular de la formación. García-Fuster, una de las personas de la máxima confianza de Rita Barberá , fue cesada tras su detención. A pesar de que el fiscal reclamó cárcel provisional, el juez la dejó libre bajo fianza de 150.000 euros.