Nuevos testimonios apuntan a la destrucción de documentos de las campañas investigadas del PP

Esta desaparición de papeles habría afectado especialmente a documentos contables y legales con la compra de máquinas trituradoras, un hecho que ya se describió en otro informe remitido al juzgado por la propia fundación tras el requerimiento del magistrado. En el anónimo, de dos páginas y firmado por «un trabajador», se menciona como responsables a la en ese momento subdirectora de la entidad Loles Edo y a la jefa de calidad y persona de su confianza Mercedes Guerra, la cual asegura que escaneaba parte de la documentación antes de triturarla.

La destrucción, señala el escrito, no se limitó a papeles, sino que «sin previo aviso fueron vaciadas todas las carpetas del servidor informático » anteriores a un determinado año que el autor del anónimo no recuerda. «Se borró todo, indiscriminadamente, incluido material que tenía una utilidad evidente», indica.

Todo el mundo, continúa, entendió que la empresa encargada del mantenimiento informático de Turismo Valencia «hizo este borrado», el cual coordinó, según esta persona, Mercedes Guerra y «se dice que ella misma guardó copia de toda esa información en un disco duro externo». En el programa de gestión de la fundación, explica el anónimo, se dan de alta todas las actividades que conllevan un coste económico y se hacen anotaciones sobre el desarrollo de los proyectos.

En torno a la fecha de las pasadas elecciones, afirma el escrito, uno de los jefes manipuló el sistema para que aparecieran otras personas como los responsables de las actividades que estaban a su nombre, tras lo cual se «creó un conflicto».

Por todo ello, concluye el anónimo, no quedan en el sistema informaciones que, ahora mismo, serían la clave para saber exactamente quién propuso la contratación de Laterne , quién aprobó los pagos y qué trabajo se realizó con esa empresa (con la que se suscribió un contrato de 600.000 euros), la cual habría servido para recoger aportaciones económicas por parte de empresas, fundaciones y asociaciones con el objetivo de financiar la campaña electoral del PP en 2007.

« No tengo constancia de que Laterne haya efectuado ningún trabajo para Turismo Valencia. Tampoco sabía que se le hubiera pagado nada. Ni conocíamos esa palabra», llega a afirmar el supuesto trabajador de la fundación al juzgado.

Tras la recepción del escrito, el juez Víctor Gómez lo admitió y ordenó la investigación de estos hechos «con la cautela propia con la que deben ser tratadas las denuncias anónimas». El magistrado entiende que al menos revela un conocimiento preciso de cargos y cometidos de las personas a las que se refiere. De hecho, la línea en la que se indaga apunta a la inexistencia de efectiva relación comercial que justificara las cantidades de dinero que Turismo Valencia entregó a Laterne, transferencias acreditadas en apuntes contables.

Por ello, trasladó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que comprobara la destrucción de documentación y que tratara de localizar el dispositivo informático en el que podría encontrarse. Los agentes así lo hicieron y, entre otras actuaciones, tomaron declaración en calidad de testigos a varios empleados de la mercantil encargada del mantenimiento informático de Turismo Valencia. Dos de ellos expusieron que en 2015 les fue solicitado un borrado masivo de datos «del 2008 o 2009 hacia atrás» . Así lo hicieron, pero realizaron una copia de seguridad que todavía conservan y les fue entregada a los agentes de la UCO.

En un informe posterior, la Guardia Civil admite que en ella no se encuentra ningún dato relacionado con Laterne . Aun así, el juez ha citado a declarar como testigos a dos responsables de la fundación el próximo 19 de septiembre.