La Agencia Antifraude ya recibe denuncias mientras ultima la búsqueda de la sede para empezar a operar

También mantiene reuniones con partidos políticos, con fiscales o con la Conselleria de Transparencia a la espera de que se incorpore la primera parte del personal y el organismo pueda empezar a operar totalmente. Algo que no se producirá hasta que no se decida una ubicación definitiva , uno de los dolores de cabeza de PSPV, Compromís y Podemos que todavía no se ha conseguido solucionar.

Algunas de las primeras propuestas pasaban por que se usara un espacio de las Cortes o un edificio adscrito al Parlamento autonómico. Pero estas opciones, según fuentes de la Cámara, están prácticamente decartada . La primera, porque el espacio de la Casa de los Caramelos que se había sugerido necesita una rehabilitación integral que tardaría, como mínimo, dos años en realizarse. La segunda, porque en las dependencias de la Cámara no tendría cabida un amplio número de personal .

Se busca, por tanto, una ubicación que no requiera una gran intervención y se encuentre habilitada para entrar de forma inmediata. Para ello se está hablando con la Generalitat y con el Ayuntamiento de Valencia que, incluso, habría ofrecido un edificio en el barrio del Cabanyal que gusta a Podemos.

En un primer momento, serán 21 miembros los que se incorporen en un proceso de selección que concluirá el próximo 18 de septiembre para comenzar a trabajar ya en octubre. Todos ellos funcionarios de carrera.

Mientras se escoge la primera tanda de personal y se decide la sede, la Agencia Antifraude ya va recibiendo denuncias que no podrán comenzar a tramitarse y a resolverse hasta que no se conforme el equipo jurídico, capacitado para calificar la prácticas y, en caso de que se consideren irregulares, establecer sanciones que pueden ir de los 200 a los 400.000 euros a los infractores según la gravedad de los hechos.

Entre las conductas tipificadas se encuentran obstaculizar un procedimiento de investigación; incumplir las medidas de protección del denunciante; no comunicar los hechos que sean susceptibles de corrupción, fraude o ilegalidad; filtrar información; y realizar una denuncia falsa.

Las primeras denuncias que se han recibido proceden sobre todo de pequeños ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, precisamente donde más problemas se suelen encontrar los interventores debido a la sobrecarga de trabajo.