Los 83 colegios de abogados instan a Llop y a los letrados judiciales a que pongan fin a la huelga

La reacción del CGAE se produce después de una reunión de urgencia en la que se ha constatado el colapso que este paro está provocando en la actividad de los tribunales -y, por tanto, en el ciudadano-, y la paralización de las negociaciones entre las partes implicadas. Después de cuatro reuniones entre representantes del departamento que preside Pilar Llop y el comité de huelga no hay avance alguno y el número de juicios y vistas suspendidos sigue creciendo a un ritmo de 50.000 por semana. Se está produciendo un «irreparable perjuicio a decenas de miles de personas«, denuncian los letrados.

Apuntan la Abogacía española que mientras ese ansiado acuerdo no se produce «es fundamental que se cumplan de un modo efectivo los servicios mínimos por parte de los LAJ, atendiendo a consideraciones de pura humanidad en aquellas tramitaciones y actuaciones urgentes que afectan de un modo especialmente grave a la ciudadanía«. Para ello, dicen, es también fundamental que el Ministerio de Justicia lleve a cabo una efectiva supervisión del cumplimiento de los servicios mínimos, informando públicamente con regularidad, y adoptando las medidas oportunas en aquellos casos en que se incumplan. Entre los últimos servicios mínimos que se habilitaron están las bodas civiles y el desbloqueo de las pensiones de alimentos.

Reclama también la Abogacía que los letrados judiciales «apliquen criterios homogéneos en las notificaciones de suspensión de señalamientos» y reiteran que se haga con una antelación suficiente, nunca inferior a 48 horas. «Esta es la única manera de conciliar mínimamente su ejercicio del derecho de huelga con el resto de derechos de la propia ciudadanía, y evitar así que se produzcan aún más gravámenes de los que este conflicto está creando ya a aquella y a todos los profesionales que formamos parte del servicio público de justicia», apuntan.

Señalan también que es fundamental que el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas con competencia transferidas así como la abogacía y la procura «preparen de forma proactiva un plan de recuperación de la actividad del servicio público de justicia, para su despliegue inmediato tras la resolución de la huelga, a los efectos de recuperar los plazos de resolución previos a esta«. Además, señalan que deberá establecerse »un sistema escalonado de notificaciones«, para evitar vulnerar el derecho de defensa de la ciudadanía, y evitar habilitar periodos inhábiles.

Entretanto, el comité de huelga recuerda este miércoles que sigue sin recibir convocatoria del ministerio «para reiniciar las negociaciones». Apuntan que no es cierto que el colectivo haya pedido cantidades desorbitadas, pues ni siquiera se llegó a avanzar en la negociación sobre este aspecto, ni tampoco que se mantengan en «posiciones maximalistas», como denuncia Justicia. «Únicamente reclamamos que se cumpla lo que ya estaba acordado», señalan en relación a los acuerdos suscritos con el departamento de Llop en abril del pasado año.

«Manifestamos una vez más a la opinión pública nuestra voluntad sincera de alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Pero si el Ministerio de Justicia no quiere convocarnos a la negociación es imposible que el conflicto pueda resolverse«, lamentan. Por eso vuelven a pedir la intervención de un mediador que facilite el acercamiento de posturas.

«Una vez más, lamentamos los indeseables perjuicios que para los ciudadanos y los profesionales está causando esta huelga legítima por la actitud inflexible e incomprensible del gobierno de España, que parece dispuesto a alargar el conflicto, aunque con ello se lleve por delante el servicio público«, dicen.