Ciudadanos forzará al PSOE a posicionarse sobre un referéndum separatista en Cataluña

Después de que el Senado aprobase definitivamente la derogación del delito de sedición y la rebaja de las penas previstas en el de malversación, Cs cree que el siguiente paso pasa por una consulta separatista. La formación liberal, en el texto que registró en la Cámara Baja, es durísima con el actual Ejecutivo y lo acusa de tener «un plan» para «controlar» el Tribunal Constitucional (TC) y lograr un órgano «afín» que permita una última prebenda de PSOE y Unidas Podemos al separatismo: «un referéndum en Cataluña».

La moción nace consecuencia de la interpelación que dirigió Arrimadas el pasado 21 de diciembre al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. La todavía presidenta de Cs ha acaparado los focos con intervenciones muy aplaudidas durante la tramitación exprés de la derogación de la sedición y la crisis institucional por las enmiendas abortadas por el TC con las que PSOE y Unidas Podemos trataron de modificar por la puerta de atrás las leyes del Poder Judicial y del propio Constitucional para forzar la renovación del órgano de garantías.

Ambas cuestiones, según la tesis de Cs, están directamente relacionadas entre sí. «No estamos exagerando cuando alertamos de que ya ha iniciado [el Gobierno] el cumplimiento de un plan de desmantelamiento del actual modelo del Estado social y democrático de derecho, con el auxilio de los separatistas», advierten los liberales en su iniciativa, en la que añaden: «Sánchez ha asumido el 'procés' como ideología propia y en parte de su nuevo programa electoral, frente a aquel que blandía en 2019 en lo referente al Estado de derecho». El lenguaje recuerda al de Albert Rivera en la fallida sesión de investidura de Sánchez, el verano del 2019.

Arrimadas, en los debates de toma en consideración de la proposición de ley para derogar la sedición, de totalidad y de aprobación en el Congreso, incidió en el paralelismo entre los mecanismos utilizados por el Gobierno y los empleados por el independentismo en el 'procés'.

De hecho, cuando PP, Vox y Cs exigieron la suspensión del pleno de la Cámara Baja que iba a avalar la reforma antes de que el Constitucional se pronunciase sobre las recurridas enmiendas para cambiar las leyes orgánicas que afectan al Poder Judicial y al TC —las cuales terminó anulando antes de que el Senado diese la luz verde definitiva a la norma—, Arrimadas comparó a la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, con la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, condenada por el Tribunal Supremo por sedición y malversación.

El texto de la moción, registrado el mismo día que se debatió la interpelación, el 21 de diciembre, es por tanto anterior al discurso de Nochebuena del Rey. Si Don Felipe alertó contra la «erosión de las instituciones», Cs hablaba ya en su iniciativa de una «degradación de las instituciones» tan «evidente» como «obscena». «Todo esto es consecuencia, sin lugar a dudas, de la ambición desmedida de un presidente del Gobierno dispuesto a desproteger la democracia española con tal de protegerse a sí mismo», sentencia la formación liberal.

La moción de Cs no se limita a exigir que no haya ninguna consulta en Cataluña, sino que recoge una batería de peticiones que aglutinan sus principales postulados sobre el 'procés'. Muchos de ellos, a la vez, dan respuesta a las contradicciones entre las promesas de Sánchez en la campaña electoral del 2019 y lo que después ha terminado haciendo esta legislatura, a raíz de su pacto con ERC.

Cs, como planteaba Sánchez, propone que se modifique el Código Penal para que los hechos ocurridos en 2017 —la aprobación de las leyes de desconexión pasando por encima de la Constitución y el Estatuto catalán, el cerco a la Consejería de Economía para impedir un registro de mandato judicial, el referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre— sean catalogados como rebelión. El partido, haciéndose eco de otro compromiso del presidente del Gobierno, pide que se tipifique de nuevo la convocatoria de referéndum ilegal.

Los liberales también reclaman que se corrija la última cesión al separatismo mediante la recuperación de la recién derogada sedición y la reversión de la rebaja de penas a políticos malversadores. Ya en base a postulados habituales de Cs, exige que se disuelva «la mesa del chantaje», en alusión a la 'mesa de diálogo' entre el Ejecutivo y el Gobierno autonómico catalán; que se reforme el artículo 2 de la Constitución para eliminar la distinción entre 'nacionalidades' y 'regiones'; y que se manifieste un compromiso de lucha contra la corrupción y contra quienes ponen en duda la unidad de España.

Por último, en relación a la reciente crisis institucional vivida por la presión del Gobierno al TC para condicionar su decisión sobre las mencionadas enmiendas recurridas por el PP, Cs reclama el cese de «declaraciones públicas coaccionando o señalando a los magistrados y jueces» del Constitucional, así como el acatamiento firme de cualquiera de sus decisiones.