El TSJC lleva a juicio al consejero catalán de Exteriores por facilitar el 1-O cuando era alcalde

En un auto, la magistrada del TSJC Mercedes Armas decreta la apertura de juicio oral contra Bernat Solé, para quien la Fiscalía pide una pena de año y medio de inhabilitación y multa de 24.000 euros por un delito de desobediencia a la autoridad judicial por apoyar el 1-O, cediendo locales públicos y ocultando urnas .

La causa contra Solé se abrió, precisamente, por una querella que la Fiscalía presentó a raíz de la instrucción que, en vísperas del 1-O, dictó el entonces fiscal general, José Manuel Maza, para que se abrieran diligencias a centenares de alcaldes por facilitar el referéndum en sus poblaciones.

La Fiscalía sostiene que el ahora consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia tuvo « una activa participación en la promoción, organización y celebración del ilegal referéndum», pese a «tener claro y cabal conocimiento» de la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional (TC)

«Fue uno de los responsables logísticos » del 1-O en Agramunt, sostiene el ministerio público, quien asevera que el alcalde y diputado republicano cedió el CEIP Macià-Companys, un centro de titularidad municipal, para la celebración del referéndum.

Lo acusa, además, de haber tomado «decisiones» durante el transcurso de la consulta para esconder las urnas y que éstas no fueran interceptadas por la policía.

Según el ministerio público, Solé se encargó de ocultar las urnas cada vez que los «observadores colocados en puntos exteriores de la población» avisaban de la llegada de agentes «por temor a que fueran descubiertas por la Policía encargada de impedir el acto», e incluso propuso a los componentes de las mesas electorales y organizadores «que la votación acabara una hora antes de lo acordado».

Asimismo, acusa a Solé de participar el 25 de septiembre, con motivo del referéndum, en un acto organizado en el local municipal Teatre Casal d'Agramunt donde, tal y como recoge un artículo publicado en una revista local, habría instado a acudir a votar el 1-O.

Sin embargo, afirma el fiscal, la Delegación del Gobierno en Cataluña ya le había comunicado la suspensión decretada por el TC mediante un correo electrónico y una carta certificada fechadas el 12 de septiembre, por lo que Solé sabía «de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir» dicha decisión.