El TSJC condena al consejero catalán de Acción Exterior por colaborar con el 1-O

En su sentencia, la sala le condena por un delito de desobediencia grave al considerar probado que el entonces alcalde, y también diputado del Parlamento catalán, «tuvo conocimiento personal y directo» de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre las eventuales consecuencias penales de incumplirlos.

Pese a ello, «no solo permitió que el 25 de septiembre de 2017 se utilizara», por parte de la entidad Esquerras per la Independència, un local de propiedad municipal -el Casal Agramuntí, gestionado por el propio ayuntamiento- para acoger un acto público para promover la participación en la consulta ilegal, sino que incluso «se prestó a participar en él como orador» , haciéndolo «en calidad de alcalde de dicha ciudad». Aprovechó para «alentar públicamente» a los asistentes en el referéndum del 1 de octubre.

Además, el mismo día de las votaciones, Solé tuvo «una participación activa y decidida en su desarrollo y buen fin», según la sentencia del TSJC. Y es que se personó «desde el primer momento» en el centro de votación y asumió de forma intermitente durante toda la jornada «responsabilidades logísticas, de apoyo y asistencia a los organizadores» .

Según los hechos que considera probados la sentencia, Solé les fue alertando de la actuación que aquella mañana estaban haciendo los cuerpos y fuerzas de seguridad para abortar la consulta en otros ayuntamientos vecinos, y «colaboró decisivamente en la toma de decisiones capitales» , como esconder en un lugar seguro las urnas después de las votaciones y toda la documentación comprometedora, como las actas. Finalmente, decidió adelantar la hora de cierre de la votación ante la posibilidad de que la policía se personara para impedirla.