La Generalitat se ahorrará tres millones de euros al año cuando construya la nueva Audiencia de Barcelona

Este jueves, el consejero de Justicia, Carles Mundó, ha informado de que la Generalitat de Cataluña destinará 2,8 millones de euros para el derribo, obras que durarán ocho meses, después de que los edificios lleven cerrados ocho años y estén, actualmente, en un estado lamentable.

De hecho, el motivo principal del derribo es la precariedad en la seguridad. Según han confirmado en Justicia, en los últimos meses se han producido intentos de okupación, que sumados a la degeneración en la estructura exterior e interior de los edificios, han acelerado la decisión de la Consejería de derribarlos este mismo mes.

Una vez derribados los edificios, el solar será gestiondo por el ayuntamiento (titular del mismo, pero que tiene el uso cedido a la Consejería), que podría habilitarlo para uso del barrio y servicios para los vecinos hasta que la Generalitat decida construir el nuevo edificio que albergará la Audiencia Provincial de Barcelona.

Mundó ha señalado que la idea es que, cuando se construya la nueva sede judicial, la zona se convierta en el segundo centro judicial de la ciudad, tras la Ciudad de la Justicia (que alberga 200 juzgados). La nueva sede de la Audiencia Provincial seguirá frente al Palacio de Justicia, también en el paseo de Lluís Companys.

Si todavía no existe este edificio ha sido por la falta de presupuesto para hacerlo. Inicialmente (en 2010), se valoró en unos 65 millones de euros. Ahora, según Mundó, la Consejería de Justicia debería tener en caja (o previsto en gastos) alrededor de 50 millones. No será, según sus previsiones, antes de cinco años.

A la vez, la nueva superficie judicial de 5.400 metros cuadrados tendrá espacio para «concentrar» sedes judiciales que ahora están desperdigadas en oficinas de alquiler por Barcelona. Así, está previsto que se incorporen la Fiscalía Superior de Cataluña (ahora en Pau Claris, 158-160), la sala del contencioso-administrativo (ahora en Vía Layetana, 56) y los juzgados de vigilancia penitenciaria (ahora en Roger de Flor, 62-68).

En total, según ha podido saber ABC, la Generalitat está pagando un alquiler anual por estos tres inmuebles de 3.008.934 euros, por lo que, en principio, esta cantidad será el ahorro para las arcas públicas cuando esté en marcha el edificio de la Audiencia Provincial y los servicios de las oficinas en alquiler en la nueva sede.

Los edificios que serán derribados a mediados de este mismo mes, vacíos desde 2009, se construyeron en 1964 para ubicar los juzgados de instrucción y penal de Barcelona, ahora en la Ciudad de la Justicia. En frente sigue el Palacio de Justicia, que alberga el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y la Audiencia Provincial.