Un empresario trabajó gratis para CDC por «echar una mano»

En este caso, el testimonio más revelador fue el de Juan Antonio Menchén, uno de los cinco socios de las empresas Letter Graphic y New Letter, acusado de pagar comisiones a Convergència. Hasta ayer se conocía, a partir del escrito de Fiscalía, que este empresario estaba acusado de realizar donaciones encubiertas al partido utilizando el Palau de la Música como intermediario, al que cargó mediante facturas falsas por conceptos que el Ministerio Público considera que no se correspondían con la actividad del Palau.

En concreto, 982.000 facturados al Palau entre 2007 y 2009 por unos trabajos de buzoneo que la Fiscalía sostiene que no se reailizaron. La prueba, un «soporte documental mendaz con el cual se ha vestido la salida de parte de los fondos » entregados al Palau para que acabasen en CDC, según la Fiscalía. Aunque Menchén negó esta vía de financiación, de forma sorpresiva sí reconoció otra, al señalar que sus empresas trabajaron en 2006 y 2007 a precio de coste en campañas electorales de Convergència Democràtica. El objetivo, «echar una mano» al partido en un momento complicado para la formación, ahora en la oposición tras ser desalojado de la Generalitat. La pregunta del fiscal Emilio Sánchez Ulled fue automática, inquiriendo al acusado con no poca retranca si esa generosidad era por que trabajaban «por amor a la política».

El empresario trató de explicarse, al apuntar que un comercial de su empresa, Salvador O. -testigo en el juicio y que dijo que tenía buena relación con CDC- , les propuso «echar una mano» a la formación. «Nos reunimos los cinco socios y la conclusión que sacamos es que, en las siguientes campañas electorales, el beneficio de las campañas se lo devolveríamos al partido», indicó.

«Todo lo que gastábamos lo cobrábamos, vendíamos la campaña a precio de coste. No perdíamos nada, dejábamos de ganar», añadió Menchén, que apuntó que «si -los donativos- no nos perjudicaban, era perfecto. Era apostar por un cliente». Ahí, el acusado reconoció que la suerte de inversión que realizaron trabajando gratis no la pudieron recuperar , porque para las campañas de 2010 y 2011 sus empresas, al haber estallado el caso Palau, tuvieron que cerrar. Además de estos hechos, las sociedades en cuestión donaron entre los años 2007 y 2010 775.000 euros a Convergència.

Respecto a las supuestas facturas falsas con las que habrían facturado al Palau, el interrogado no supo responder sobre la vaguedad de los conceptos incluidos . Atribuyó los mismos a otro de los acusados, quien ayer declaró que en ese momento no era consciente de nada porque pasaba por una depresión de la que aún se trata.

Al margen de los empresarios citados, ayer también testificaron en calidad de acusados tres exasesores fiscales acusados de cooperar en el expolio , en concreto el abogado Raimon Bergós y los fiscalistas Santiago Llopart y Edmundo Quintana, quienes se desvincularon de las facturas falsas que presuntamente enmascararon el desvío de fondos a CDC y sirvieron a los exresponsables de la entidad cultural para ocultar ante Hacienda el saqueo.

Bergós negó que se «coordinara» con los exresponsables del Palau Fèlix Millet y Jordi Montull para justificar ante Hacienda el desvío de fondos y recalcó «rotundamente» que ni estos le hablaron nunca de facturas falsas ni conocía al extesorero de CDC Daniel Osàcar, quien afronta una pena de siete años y medio de cárcel, tal y como informa Efe. Asimismo, reconoció que fue él quien redactó, para presentarlo ante Hacienda, un borrador del convenio con la Fundació Espai Catalunya , a través de la cual el dirigente de CDC y exlíder del extinto Partit per la Independència (PI) Àngel Colom cobró 75.126 euros en septiembre de 2000, según la Fiscalía para saldar las deudas de su fracasada formación.

Por otra parte, el miércoles se supo que el comité ejecutivo del Consorcio del Palau de la Música -en el que están representados el Ministerio de Cultura, la Generalitat y el Ayuntamiento- ha decidido aplazar la decisión de si modifica su estrategia de acusación . Tras conocerse las declaraciones de Millet y Montull , el Consistorio de Barcelona había pedido que la entidad acusase también a CDC por el desvío de fondos, algo que el Palau sí había solicitado en el incio de la instrucción, pero que luego, coincidiendo con el regreso de CiU a la Generalitat en 2011 había descartad.

El juicio por el expolio del Palau, tras el interrogatorio a los quince acusados , proseguirá el próximo lunes con la comparecencia de los responsables civiles, entre ellos Convergència Democràtica.