Aragonès suspende la mesa de diálogo con Sánchez mientras no dimitan los responsables del caso Pegasus

Pese a que la mesa de diálogo queda congelada, el Govern no aparca las reuniones y los avances que se puedan dar en el marco de la Comisión Bilateral, que el independentismo considera una cuestión técnica, pese a que desde Junts, partido que forma parte del gobierno autonómico, ayer, se pidió que también se suspendiera la relación en este ámbito, que trata, básicamente, las transferencias de la Administración General del Estado a la Generalitat.

Ha sido Patrícia Plaja, portavoz del Govern catalán, quien ha dado a conocer la decisión de Aragonès y su ejecutivo, tras la reunión semanal ordinaria de este martes, al indicar que « no estamos en una situación de normalidad» y, por lo tanto, «no se dan las condiciones para que se pueda celebrar la mesa de diálogo». «Hay una urgencia sobre la mesa y antes (de una nueva reunión) hay que resolver este tema (del espionaje)», ha añadido.

Así, a partir de ahora, «s olo se mantendrán las (relaciones) imprescindibles y necesarias para esclarecer el caso y las que sean imprescindibles para la ciudadanía». Y esta decisión se mantendrá hasta que no se asuman responsabilidades por parte del Gobierno. «L os responsables de que esto haya pasado y lo hayan permitido, obviamente, han de dimitir», ha defendido Plaja.

El Govern adoptará, además, algunas medidas para intentar esclarecer el caso Pegasus. Por un lado, la Generalitat solicitará al Gobierno que le permita acceder a los contratos de cualquier tipo que se hayan podido firmar entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o cualquier otra agencia nacional con la empresa israelí, creadora del programa Pegasus, NSO Group u otras empresas que ofrezcan servicios análogos.

En esta misma línea, requerirá al Ejecutivo que inicie los trámites para reformar la ley sobre secretos oficiales, que es de 1968, y que interceda sobre la regulación, la organización, el funcionamiento y el control del CNI y, por lo tanto, se derogue la ley de 2019 conocida como «decretazo digital», que permite al Gobierno intervenir las comunicación electrónicas sin autorización judicial.

Más allá de las iniciativas políticas, el Govern pondrá en conocimiento de la Autoridad Catalana de Protección de Datos la existencia de la posible brecha de seguridad para que inicie las acciones que considere oportunas de acuerdo con la normativa europea sobre la protección de datos, ya que parte de los móviles infectados con el programa Pegasus se hizo en aparatos de titularidad de la Generalitat.

Por último, según ha informado Plaja, el Govern ha acordado también encargar al Gabinete Jurídico de la Generalitat el estudio y la propuesta de las actuaciones legales ante las instancias policiales y judiciales pertinentes, incluidas la petición de indemnizaciones por daños y perjuicios sufridos.