Interior ve «legítima» y «oportuna» la infiltración en grupos independentistas para prevenir extremismos identitarios violentos

Así consta en un informe de cinco páginas, fechado el pasado 10 de agosto y consultado por ABC, en el que Interior responde a la demanda presentada por Òmnium Cultural ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Una demanda que la entidad soberanista presentó después de que agentes de la Policía Nacional se infiltrasen en el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (Sepc), y también en el Jovent Republicà, juventudes de ERC, tal y como destapó el digital 'La Directa'.

Para Òmnium dicha actuación supone una «vulneración del derecho a la intimidad y asociación y también desviación de poder» y reprocha que la infiltración policial se enmarca dentro de la «causa general» del Gobierno, que «persigue y criminaliza la disidencia política». Por su parte, el ministerio subraya que, en el contexto político catalán de los últimos años, «el mundo asociativo independentista coadyuva a la consecución ilegal de la independencia, llegando a realizar, en algunos casos, acciones de tipo radical-violento».

Además, señala que este tipo de acciones «ponen en riesgo efectivo bienes jurídicos recogidos en la Constitución española y tipificados en el Código Penal a través de la alteración de la pacífica convivencia ciudadana». Así, apunta Interior, el uso de agentes de inteligencia por parte de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional en dichos grupos, obedece también al perfil de gran parte de los autores de dichas acciones que han sido identificados (bien procesados o condenados por ellas).

La cartera de Grande-Marlaska detalla que la prevención de posibles hechos delictivos «requiere un esfuerzo de obtención de información constante y sostenido en el ámbito de la inteligencia» al que no siempre se puede acceder por «técnicas de investigación tradicionales». Por este motivo justifican la infiltración al apuntar que «los miembros de los colectivos secesionistas radicales presentan además una particularidad que hace especialmente complicada su vigilancia mediante otros medios: la multimilitancia».

Es decir, forman parte de diferentes asociaciones del tejido independentista catalán «con un perfil más neutro y en la incorporación de importantes medidas de seguridad, presentándose en público con alias que enmascaran sus identidades o distorsionan su imagen en redes sociales», reza el documento.

Así, Interior subraya que considera «legítimo, idóneo y oportuno» el empleo de agentes de inteligencia cuyo objetivo sea la captación de información de interés para el orden y la seguridad pública «en entornos en los que se mueven individuos radicales o comprometidos con proyectos secesionistas ilegales», que pudieran «ser responsables de la comisión de delitos».

El informe puntualiza que dichas labores se llevan a cabo «bajo un paraguas absoluto de ajuste a la legislación vigente» y recuerda que los agentes de inteligencia «utilizan de manera obligada identidades supuestas con el fin de proteger la suya propia». Es decir, «no usurpan la personalidad ni funciones de un tercero» sino que «se trata de un modo de acercamiento a individuos que puedan ser de interés para la investigación de delitos graves o para la preservación del orden y la seguridad pública».

Por su parte, las organizaciones independentistas Sepc y Alerta Solidària han recibido el informe como una «declaración de guerra contra el independentismo», mientras que el Jovent Republicà sostiene que la respuesta del ministerio es «plenamente antidemocrática».

También el presidente de Òmnium, Xavier Antich, se ha mostrado «escandalizado» por la legitimación del Gobierno a las infiltraciones. «Las justifica, vinculando el independentismo con el terrorismo», ha señalado en referencia a la mención que hace el documento sobre prevenir «extremismos identitarios», que recoge la Estrategia Nacional contra el Terrorismo.

Preguntado por la cuestión, Marlaska ha subrayado esta mañana que España es «un Estado de derecho y que la función de las fuerzas y cuerpos de seguridad es garantizar la seguridad y el conjunto de derechos y libertades de los ciudadanos y para ello proceden con estricto sometimiento al ordenamiento jurídico».