La pandemia alarga el plazo para reclamar a los bancos por las viviendas sobre plano pagadas y no entregadas

Ahora, sin embargo, como consecuencia del estado de alarma que se decretó en nuestro país el pasado marzo, el plazo máximo para este tipo de reclamaciones se ha ampliado al próximo 26 de diciembre. Una pequeña inyección de oxígeno para aquellos particulares atrapados en una inversión inmobiliaria fallida. El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo que declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis por la covid-19 incluyó la suspensión de los plazos de prescripción y de caducidad de cualesquiera acciones y derechos. Posteriormente, el Real Decreto 537/2020 de 22 de mayo, levantó la suspensión con efecto desde el día 4 de junio de 2020. Así, los 80 días que transcurrieron entre el 14 de marzo y el 4 de junio son los que se aplican para alargar el plazo máximo para reclamar, que pasa a ser el 26 de diciembre.

«La ampliación del plazo de prescripción ha sido positiva porque ha permitido ganar tiempo para presentar las reclamaciones», afirma el director general del despacho «Spanish Legal Reclaims» (SLR), José Antonio López . «El impacto de la covid ha agravado la lentitud de los juzgados y de todas las administraciones, con lo que ha aumentado la dificultad del afectado parar recopilar la documentación e información para reclamar», añade. No en vano, muchos afectados están apurando ahora los últimos meses para poner en marcha sus reclamaciones y dejar atrás definitivamente las secuelas de la crisis de 2008.

La crisis económica que comenzó hace doce años llevó a la quiebra a muchas promotoras y constructoras, dejando en muchas partes de España cientos de promociones de viviendas «fantasma» sin construir o a medio terminar. Quienes habían adelantado su dinero para levantar esas vivienda sobre plano se quedaron sin las casas. Y sin nadie solvente a quien reclamar el dinero perdido. Tras acumular años en los juzgados, los afectados por esta derivada de la crisis recibieron un apoyo judicial clave en el año 2015. En diciembre de ese año, una sentencia del Tribunal Supremo sentó jurisprudencia dando luz verde a todos los afectados a recuperar el dinero.

En su resolución, el Alto Tribunal dictaminó que las entidades bancarias en las que las promotoras ingresaban los depósitos de los compradores a cuenta del precio de la vivienda eran responsables de proteger este dinero. El alto tribunal se basó en la Ley 57/1968, que obligaba a las entidades bancarias a exigir a la empresa promotora la constitución de un seguro o aval sobre las cantidades aportadas por los compradores sobre plano. La Ley 57/1968 fue derogada en 2015 y ya solo es aplicable para aquellas viviendas compradas antes del 1 de enero de 2016. El mismo año 2015 se aprobó la Ley 20/2015, menos proteccionista para el comprador de viviendas sobre plano y, posteriormente, se aprobó la Ley 42/2015, que entró en vigor el 7 de octubre de 2015 y que redujo el plazo de prescripción para reclamar a los bancos de 15 a 5 años. De ahí que en un principio el 7 de octubre de 2020 fuera la fecha límite, ahora ampliada hasta finales de año por la pandemia del coronavirus.

Aunque no hay cifras de organismos oficiales, según un informe elaborado por la firma legal SLR y el Centre for Economics and Business Research (Reino Unido), se estima que podría haber más de 600.000 afectados que perdieron sus depósitos por la compra sobre plano de viviendas en España. De ellos, se estima que 360.000 son españoles. El resto, básicamente de países europeos como Reino Unido o Alemania. Más de 3.000 afectados, tanto españoles como extranjeros, ya han contactado con «Spanish Legal Reclaims» . La firma legal ha recuperado unos ocho millones de euros y tiene en tramitación más de 500 casos.