Cataluña eliminará interinos y bajará los sueldos públicos

Como ya adelantó el presidente de la Generalitat, Artur Mas, el pasado 22 de noviembre, la segunda oleada de recortes incluye medidas que avanzan hacia el copago en sanidad —el llamado «tique moderador» en las recetas— y otras que repercuten directamente sobre las condiciones laborales de los funcionarios. Los trabajadores públicos de la Generalitat, sobre los 230.000, conocieron ayer en qué consisten unas rebajas que los sindicatos estiman que representarán un retroceso del 20% en su poder adquisitivo.

Entre las principales medidas está la «revisión de plantillas de personal interino en servicios no finalistas ni esenciales», así como la eliminación de cualquier tipo de «nueva oferta de ocupación pública» para 2012 y la suspensión de la oferta pública ya «aprobada pero no convocada». Entre el paquete de medidas que asegura el Govern tendrán carácter temporal está también una disminución de sueldos en forma de eliminación del complemento específico o equivalente —lo que se descontará en las pagas dobles de junio y diciembre—, la suspensión del Fondo de Acción Social (FAS), la eliminación del complemento de productividad, la supresión de la aportación al plan de pensiones y la reducción del 50% en concepto de dirección por objetivos en el Instituto Catalán de la Salud. La única medida que fue bien acogida por los sindicatos es la posibilidad de acogerse a una excedencia voluntaria de entre uno y tres años con reserva de plaza.

En el capítulo de medidas estructurales está la supresión de ayudas para comidas (los llamados «tiques restaurant»), la disminución de los días para asuntos propios, las vacaciones adicionales por antigüedad, la aplicación de descuentos salariales por ausencia no justificada o la revisión salarial durante el primer año de reducción de jornada para el cuidado de un hijo. De igual forma, se quieren suprimir «las subvenciones sindicales» y los liberados que estén por encima de la normativa. Los sindicatos presentes en la negociación calificaron el documento de «declaración de guerra». La vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, pidió un esfuerzo a los funcionarios para no tener que reducir plantillas.