El fiscal pide 5 años de cárcel para dos exaltos cargos de Mas por adjudicaciones a dedo a un exdirigente de CDC

En su escrito de acusación, el fiscal Anticorrupción Fernando Maldonado acusa a Colet, ex secretario general del Departamento de Empresa y que también lo fue del de Justicia, y a Olga Tomàs, exdirectora de Servicios, de los delitos de prevaricación y malversación.

La investigación deriva del caso ITV, en que el exdiputado de CiU Oriol Pujol aceptó una pena de dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones de empresarios afines a cambio de favorecer sus negocios, en un pacto que está a la espera de ser ratificado por el presidente del tribunal popular encargado de juzgar la trama.

Al acuerdo para evitar el juicio del caso ITV, que se formalizó el pasado mes de julio ante la juez instructora, no llegó a sumarse Josep Tous, exnúmero dos de la Diputación de Barcelona para quien el ministerio público pide un año de cárcel por su supuesto papel de intermediación para beneficiar a empresarios afines a Oriol Pujol.

Según sostiene el ministerio público en su escrito, bajo la influencia de Enric Colet, Olga Tomàs -que estuvo a punto de dirigir la Agencia Tributaria de Cataluña pero renunció ante los recelos de la CUP- adjudicó presuntamente en 2011 a dedo un contrato a una empresa administrada por Josep Tous y su esposa, cuando éste era «innecesario».

En mayo de ese mismo año, sostiene el ministerio público, Colet encargó a Tomàs que adjudicara otro contrato en materia de consumo a la empresa de Tous, que de esa forma encadenó tres «contratos menores» entre los años 2011 y 2012.

Olga Tomàs inició el 6 de junio de 2011 los trámites para la incoación del expediente de contratación de un «plan estratégico para la defensa del consumidor y mantenimiento del mercado en la competencia», por un importe máximo de 50.000 euros.

No obstante, según mantiene la Fiscalía, el Interventor del Departamento de Empresa alegó varias irregularidades en dicho expediente, entre otras cuestiones porque desaconsejaba que se externalizara a empresas privadas la definición estratégica de políticas públicas, cuando ello debía corresponder a la Agencia Catalana de Consumo.

Pese a ello, Tomàs dictó la resolución de aprobación del pliego de cláusulas y declaró abierto el concurso, al que optaron dos empresas -entre ellas la administrada por Tous y su esposa- y un autónomo.

El 2 de agosto de 2011, Olga Tomàs acordó conceder el contrato a la empresa vinculada al exdirigente de CDC, según el ministerio público, que cree que «el adjudicatario estaba ya predeterminado antes de su convocatoria» y que el proceso era «una mera excusa para favorecer económicamente» a Tous y su esposa.

Para el fiscal Anticorrupción, «la apariencia de legalidad en la tramitación y adjudicación del expediente queda desvirtuada por el hecho de que los cuatro acusados, cada uno dentro del ámbito de sus competencias y funciones, de común acuerdo y con evidente ánimo de lucro propio o ajeno, acordaron la adjudicación fraudulenta del contrato» a la empresa gestionada por Tous y su esposa.

Por este motivo, el ministerio público pide que los cuatro acusados, de forma solidaria, indemnicen al Departamento de Empresa con 44.840 euros por los perjuicios causados mediante la contratación irregular.