Oriol Pujol acepta 2 años y medio de cárcel por las comisiones del caso ITV

Al tratarse de un pacto parcial, dado que ni el exnúmero dos de la Diputación de Barcelona Josep Tous ni el empresario Sergio Alsina -amigo íntimo de Oriol Pujol- se han sumado al acuerdo, será el presidente del tribunal que deba juzgar el caso el que decidirá en los próximos meses si da por buena la conformidad formalizada hoy por el exdirigente de CDC.

El magistrado presidente del jurado convocará a los seis acusados a una nueva vista, tanto los que se han conformado con la pena como los que no, y decidirá si acepta el acuerdo parcial o si, por el contrario, envía a todos los procesados a juicio, con lo que el pacto alcanzado hoy podría quedar sin efecto.

Con el acuerdo suscrito ante la juez, Oriol Pujol logra rebajar a dos años y medio de cárcel, más un decomiso de 311.000 euros y una multa de 55.000, la pena de cinco años y dos meses que le solicitaba la Fiscalía Anticorrupción, que también pedía tres años de cárcel para su esposa.

Ante la magistrada instructora, el único hijo del expresidente de catalán Jordi Pujol que se dedicó a la política ha aceptado haber cometido los delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental al cobrar comisiones de empresarios afines por favorecer sus negocios, utilizando su influencia política como dirigente de CDC y presidente del grupo de CiU en el Parlament.

Oriol Pujol se ha conformado con esa pena a cambio de librar de prisión a su esposa, que ha pactado quince meses de cárcel sustituibles por multa -lo que supone unos 70.000 euros- tras admitir también que facilitó el cobro de comisiones enmascarándolas en facturas falsas que giraba al empresario Sergi Alsina por trabajos inexistentes.

En la vista de hoy, el fiscal Anticorrupción Fernando Maldonado ha anunciado que, una vez la condena sea firme, pedirá el ingreso en prisión de Oriol Pujol, pese a que la última reforma del Código Penal le permitiría beneficiarse de una suspensión de la condena, al no superar los dos años ninguno de los tres delitos cometidos.

Por su parte, su abogado Xavier Melero ha avanzado que se opondrá al ingreso en prisión de su cliente y pedirá al juez que suspenda su entrada en prisión.

En declaraciones a la prensa, Melero ha justificado que Oriol Pujol haya aceptado la condena en que «sus circunstancias y las de su entorno más cercano dificultan que pueda encontrar un jurado popular imparcial en este caso», en referencia a la causa que la Audiencia Nacional tiene abierta contra el expresidente catalán Jordi Pujol, su esposa y sus siete hijos.

De confirmarse al acuerdo alcanzado hoy ante el tribunal popular, Oriol Pujol sería el primero de su familia condenado por corrupción, a raíz de un caso que motivó que abandonara la política cuando era secretario general de CDC.

En su comparecencia ante la juez, Oriol Pujol ha aceptado hoy haber cobrado 443.660 euros del empresario y amigo íntimo suyo Sergi Alsina, a través de las facturas giradas por su esposa por trabajos inexistentes, por favorecerle en varias operaciones mercantiles, en las que llegó a facilitarle el acceso al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Entre las operaciones en las que intervino Oriol Pujol, figura la reconversión industrial de Sharp en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y la deslocalización de la compañía Yamaha.

Oriol Pujol también ha reconocido que intervino a favor de Alsina en el proceso para amañar el mapa de las estaciones de ITV en Cataluña, en el que había constituido una sociedad con el también imputado Sergi Pastor con el objetivo de que se viera favorecida en el reparto de lotes.

En 2011, según el escrito del fiscal que hoy ha asumido Pujol, se aprovechó de su doble condición de presidente del grupo parlamentario de CiU y de secretario general de CDC para que el entonces secretario general del departamento de Industria de la Generalitat Enric Colet fichara a Josep Tous para diseñar un nuevo plan territorial de estaciones de ITV.

El fichaje de Tous motivó que esté imputado en otra derivada de la trama de las ITV, mientras que tanto Alsina como Pastor están a la espera de otro juicio en el que la Fiscalía les pide siete años y medio y cinco años y medio de cárcel, respectivamente, por fraude fiscal al ocultar al IRPF los beneficios de la venta de una planta de Sony en Cataluña.