Vox pide que la Sindicatura de Cuentas informe del coste de la inmigración ilegal en Cataluña entre 2018 y 2025

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La propuesta reclama que el órgano fiscalizador catalán desglose los costes asociados a la atención sanitaria, educativa, social y en materia de vivienda, así como cualquier otro gasto vinculado al fenómeno migratorio irregular. Vox argumenta que estas partidas suponen una carga significativa para los presupuestos públicos y que, en ausencia de cifras claras y auditadas, el debate político se mantiene en un terreno ideológico y no basado en datos objetivos. Según el texto de la iniciativa, se trata de ofrecer transparencia sobre un aspecto que consideran esencial para los ciudadanos catalanes.

Según ha dicho la diputada autonómica de Vox María García Fuster, «los catalanes y todos los españoles tienen derecho a saber dónde va a parar el dinero de sus impuestos mientras ellos están malviviendo, sin poder mantener una temperatura adecuada en sus casas, sin que las ayudas les lleguen jamás, o por una vez que necesitan la sanidad pública, resulta que les hacen esperar meses y meses».

En su comparecencia ante la prensa, Fuster ha denunciado además que la Generalitat destina diez veces más dinero para mantener a un solo menor no acompañado (mena) que a la enseñanza de un niño de Primaria o Secundaria: «La Generalitat se gasta más de 4.300 euros mensuales en mantener a cada mena, muchos de los cuales no hacen más que delinquir. Con lo que nos cuesta cada mes mantener a un solo mena, podríamos pagar diez veces más que la enseñanza de un niño de primaria o secundaria«.

Esta iniciativa política centrada en la inmigración ilegal se enmarca en una estrategia más amplia del partido a nivel nacional que Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados, tal y como avanzó ABC, para que el Tribunal de Cuentas, máximo órgano de fiscalización del Estado, realice un informe sobre el gasto en inmigración ilegal en el conjunto de España. La formación de Abascal subraya que este doble frente -nacional y autonómico- busca establecer una radiografía precisa de lo que califican como un uso desproporcionado de fondos públicos en beneficio de personas sin residencia legal en el país.

Vox sostiene que la inmigración ilegal impacta directamente en la calidad de los servicios públicos. Entre sus argumentos destacan las listas de espera sanitarias, la presión sobre el sistema educativo y la saturación de los servicios sociales, fenómenos que atribuyen, en parte, a la demanda generada por inmigrantes en situación irregular. Igualmente, la formación acusa a los partidos que gobiernan tanto en Cataluña como en España de silenciar estos datos, y asegura que solo mediante una fiscalización oficial será posible abrir un debate realista y transparente.

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La propuesta de Vox en Cataluña deberá ahora superar su tramitación en el Parlament, aunque no tiene muchos visos de prosperar. En iniciativas anteriores, Vox ha encontrado el rechazo frontal de la mayoría de partidos en la Cámara autonómica, que consideran que este tipo de medidas fomentan la estigmatización y el alarmismo. No obstante, desde Vox han señalado que su demanda es legítima, en tanto que como rendición de cuentas y defiende que «cada euro invertido debe ser fiscalizado», especialmente en un asunto que los de Abascal y Garriga consideran central para el futuro económico y social de Cataluña y de España.