Tras la mermelada de Palau, la Generalitat de Cataluña vende su fábrica de canelones

La herencia a subasta incluye la empresa Fabricación de Alimentos, SA, sociedad unipersonal (Fadaic), dedicada desde 1961 a la producción artesanal de canalones y lasañas en Ripollet (Barcelona), actualmente en activo y con una docena de trabajadores, y también un local comercial y una plaza de aparcamiento situados en el mismo municipio.

Como destaca la misma empresa, además de sus conocidas placas para canelones, destacan por una amplia variedad de harinas precocidas especiales para rebozados, para mejorar rellenos y para preparar salsas de todo tipo como, por ejemplo, la bechamel.

Según detalla la Generalitat, que es la primera vez que hereda una empresa procedente de una herencia intestada, la administración autonómica tiene encomendada legalmente la función de tramitar estos legados de personas residentes en Cataluña que hayan muerto sin haber otorgado testamento y sin herederos o familiares conocidos hasta el cuarto grado de consanguinidad. «Una vez liquidadas estas herencias, el importe resultante se tiene que distribuir y destinar a las finalidades que determina la normativa civil sucesoria catalana», detalla la Generalitat. En este caso, el importe que se obtenga con la venta de la empresa se destinará a finalidades sociales, habitacionales, asistenciales y culturales.

Tal y como aprobó el Govern, el precio mínimo de adquisición del 100% de las acciones de la empresa, y de su patrimonio es de 228.306 euros (impuestos, tributos y gastos excluidos). Las personas interesadas al participar podrán mejorar este precio al alza en el acto público de la subasta que tendrá lugar a las dependencias del Departamento de Economía y Finanzas al Distrito Administrativo de Barcelona. El plazo para presentar solicitudes se cierra el 17 de diciembre

En las condiciones de esta venta, el Govern garantiza, por un lado, que el personal de Fadaic pueda continuar en sus puestos de trabajo durante un año. Y, de la otra, que el adjudicatario pueda seguir ocupando el inmueble propiedad de la Generalitat donde está instalada la fábrica, antes de trasladar el domicilio social y la actividad de la compañía, durante un plazo máximo de 12 meses a contar desde la formalización del contrato de compra-venta.

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Marina Ortiz

Esta es la segunda vez que la Generalitat saca a subasta esta empresa. La primera licitación, convocada para el pasado mas de julio, fue declarada desierta porque la documentación presentada por el único licitador que presentó oferta no cumplía los requisitos y condiciones fijados en el pliego de condiciones de la subasta. Tal como se explica en el acuerdo del Ejecutivo catalán, «el sector alimentario se ha mostrado interesado en la compraventa de la empresa», motivo por el cual se ha decidido volverla a licitar, actualizando el precio de salida que se fija en 228.306 euros, un 22,9% menos respecto al valor anterior.