Orriols también denunciará a los autores del vídeo generado con IA en el que dispara a Puigdemont

«No toleraremos ningún ataque difamatorio ni ningún intento de desacreditar Aliança Catalana a través de noticias falsas. Llegaremos hasta el final», han apuntado desde el partido de Orriols, que actualmente tiene dos escaños en el Parlamento de Cataluña y pugna con Junts en el mismo espacio electoral según todos los sondeos, que auguran su crecimiento a costa del partido que lidera Puigdemont desde Bélgica, fugado en aquel país desde 2017. El martes, tras conocer los vídeos, especialmente el que Orriols 'dispara' a Puigdemont, desde Junts señalaron «al entorno» de Aliança como el origen de las imágenes.

Esta acusación ha sido respondida, directamente, por Orriols, que en otro apunte en X también este miércoles, ha cargado contra «los militantes, concejales y diputados» de Junts en el Parlament, por ser «los primeros en ver en la red y empezar a retuitear masivamente un vídeo hecho con inteligencia artificial que perjudica mi imagen y victimiza al señor Puigdemont». Según la presidenta de Aliança, estos mensajes en X estarían vinculados a «la rapidez» con la que diversos medios se hicieron eco de los dos vídeos.

Este miércoles, Boye ha asegurado, a su vez, que los vídeos caben dentro de lo estipulado como delito de odio. «Creemos que es un delito de odio y, evidentemente, lo pondremos en conocimiento de la Fiscalía. Y si la Fiscalía decide, como siempre, no hacer nada, pues lo pondremos en conocimiento de las autoridades judiciales porque esto no se puede dejar pasar», ha dicho en una entrevista para el circuito catalán de la Ser, recogido por Ep. El letrado considera que si se investiga se podrá determinar el origen del vídeo, aunque «no tal vez quién lo hizo».

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«Es un hecho muy grave. No es una forma de hacer política, es una forma de instalar un discurso del odio muy potente», ha lamentado, añadiendo que, en su opinión, a Puigdemont, desde que se fugó de la Justicia, «casi se le ha negado el pan y la sal» por no tramitar la petición de escolta, pese a que recibe amenazas regularmente. Una decisión, la negativa de la escolta, que imputa al Gobierno y a la Generalitat, que, por su parte, alegan que su situación, en el extranjero y fugado de la Justicia, impiden destinar a un equipo de policías para su protección.