La Justicia extiende más allá del periodo electoral la prohibición de exhibir símbolos partidistas

El fallo del Alto Tribunal tiene trascendencia en tanto que extiende a cualquier periodo, también aquellos fuera de periodo electoral, el deber de neutralidad por parte de las instituciones públicas, una obligación ignorada por muchos ayuntamientos catalanes, que colocan banderas 'esteladas' o pancartas de contenido político bien en las casas consistoriales, bien en otros espacios públicos, tal y como adelantó ABC a partir del informe de Impulso Ciudadano, la entidad constitucionalista detrás de la denuncia contra Quim Torra.

El Tribunal Supremo, tras considerar que la Asociación Impulso Ciudadano tiene legitimación activa para instar la retirada de este tipo de símbolos partidistas de las instituciones, recuerda que la doctrina del TS y del Tribunal Constitucional «establece con claridad el deber de objetividad y neutralidad que se impone a las Administraciones Públicas en relación con la utilización, incluso ocasional, de banderas y símbolos no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, y proscribe la privatización de espacios públicos, de uso común, mediante su ocupación por elementos que puedan representar una opción partidista con vulneración de los citados principios de objetividad y neutralidad institucional».

Ahora, el fallo del Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que concluyó que el expresidente Torra actuó con fines «partidistas» y de forma «ilegal» al colgar en el Palau de la Generalitat la referida pancarta. La misma que ya había sido retirada con anterioridad por orden del TSJC al coincidir con las elecciones generales de abril de 2019, y que en un primer juicio acabó con la inhabilitación de Torra y su salida de la presidencia. Torra fue condenado a un año y medio de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos electivos y para el desempeño de funciones de gobierno, así como a pagar una multa de 30.000 euros,al concluir que desobedeció de forma «contumaz y obstinada» a la Junta Electoral Central, cuando, en plena campaña para las generales le exigió sin éxito que retirase de las fachadas de los edificios público.

En la segunda sentencia ratificada por el TSJC, y a la que ahora alude el auto del TS, un juzgado penal condenó en primera instancia al expresidente a otros 15 meses de inhabilitación en la que de hecho fue la segunda causa por desobediencia a la que se enfrentó,

El TS apunta ahora que la citada «doctrina jurisprudencial y constitucional» también «se ha proyectado sobre el derecho fundamental a la libertad de expresión, estableciendo sin género de dudas que en ningún caso son titulares de ese derecho fundamental las instituciones públicas o sus órganos, no pudiendo equipararse la posición de los ciudadanos y la de las instituciones públicas en el disfrute de la libertad de expresión».

En la misma línea, el Alto Tribunal apunta que «la actuación a la que se refiere este caso fue realizada por el presidente de la Generalitat de Cataluña en su condición de tal, es decir, como cargo público y -conforme a la doctrina constitucional- en el ejercicio de ese cargo, su conducta no puede ser analizada desde la óptica de la ponderación de un derecho fundamental subjetivo, sino desde el ámbito de las atribuciones y de los límites establecidos en el ordenamiento jurídico».

En su momento, el TSJC apuntaba que la libertad de expresión de Torra podía vehicularse en múltiples ámbitos -«foros, incluidas las sedes parlamentarias, el Parlament, los medios públicos y privados de comunicación, las redes sociales y otros posibles…«-, pero en ningún caso «en la fachada de un edificio institucional», que debe estar sujeta al principio de «objetividad y neutralidad institucional».

Impulso Ciudadano celebra ahora el fallo del TS, ya que «deja meridianamente claro que las autoridades no pueden colocar pancartas partidistas ni banderas separatistas en las fachadas de los edificios públicos ni en las calles ni plazas».

Precisamente, Impulso Ciudadano denunció en su último informe que de los 947 municipios catalanes sólo 132 cumplen con la normativa de símbolos (el 14%) que obliga a que las banderas de España y la comunidad se exhiban en el edificio del ayuntamiento. Así lo recoge la entidad, que define el panorama como «desolador». Respecto a 2021, el número de alcaldes que cumplen con la ley sube en siete del total (13% del total).

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El informe de la asociación apunta que de los 340 municipios en los que Junts participa en solitario solo en 32 se cumple la ley de banderas; de los 280 de ERC, solo en 12 se cumple la normativa; en ninguno de los 14 ayuntamientos de control de la CUP se ajustan a la legalidad; y en dos de los cuatro de los comunes. Los dos del PP cumplen. Más llamativo es el dado que se refiere a los consistorios con dominio del PSC. en los 58 donde gobiernan en solitario, en 31 no se cumple la normativa de símbolos: en ninguno de estos 31 se exhibe la bandera de España.

El mismo informe de Impulso Ciudadano apunta que en 105 de los 947 municipios catalanes se exhibe la bandera estelada (11%), siendo Gerona la provincia con más presencia proporcional de estas banderas (el 18% de los ayuntamientos), seguida de Barcelona con el 11%, Lérida con el 8% y Tarragona con el 6%. En 115 ayuntamientos hay presencia de pancartas con significado nacionalista siendo Barcelona la provincia en que es más fácil encontrar un ayuntamiento con alguno de estos elementos, pues están presentes en el 17% de los municipios, denuncia la entidad.