El Govern no publica en español su web porque no es de «atención ciudadana»

La desconsideración del Govern catalán con los ciudadanos en materia lingüística alcanza también el ámbito digital. No es algo nuevo. El año pasado, un informe de Impulso Ciudadano constató el déficit en esta materia en 80 webs oficiales, en las que la información estaba en catalán pero difícilmente se podía encontrar la misma en español o en aranés. También ocurre en la web del Govern, que no tiene ni un solo espacio en español.

Noticia Relacionada

La Generalitat, molesta con la UE por no haber elegido las escuelas que visitarán en su misión para evaluar la inmersión

Esther Armora

En una carta de respuesta a las autoridades europeas, consultada por ABC, la Consejería de Educación lamenta «haberse enterado de la visita por los centros»

En respuesta a una pregunta del diputado no adscrito del Parlamento autonómico, Antonio Gallego, que interpeló por los contenidos de prensa, la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, recuerda que «el catalán es la lengua propia de Cataluña» y que, por lo tanto, «es la lengua habitual de los servicios de comunicación del Govern». Por este motivo, alega la número dos de Aragonès, en la web govern.cat solo hay una versión en catalán, «una versión reducida en inglés» y «cuando procede» una traducción al español.

El motivo de esta discriminación es que el sitio de internet del Govern «no es una web de atención ciudadana», lo que viene a sugerir que este espacio de internet es únicamente un sitio de propaganda política. Vilagrà asegura que en la web de la Generalitat «sí que se traducen a la versión en castellano algunas de las informaciones más relevantes del Govern, como los acuerdos del Govern o algunas de las principales noticias».

Esta práctica, sin embargo, choca con la consideración de oficialidad de las tres lenguas de Cataluña (el aranés, especialmente, en el Valle de Arán, Lérida), según han ido señalando todos los tribunales de Justicia y el Tribunal Constitucional a la hora de interpretar las normas, leyes y la Constitución. En esta materia, como norma general, es la administración autonómica la que debe disponer a los ciudadanos de las informaciones en las lenguas oficiales para que sean estos los que elijan.