La Fiscalía pide la amnistía para Roger Español y los cuatro policías acusados de lesionarlo

En cuanto a la actuación de Español, la ley incluye «los actos de desobediencia, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos o resistencia que hubieran sido ejecutados con el propósito de permitir la celebración de las consultas populares». En el caso de los policías, la amnistía contempla «las acciones realizadas en el curso de actuaciones dirigidas a dificultar o impedir la realización de los actos determinantes de responsabilidad penal o administrativa».

Cabe recordar que el pasado julio la Fiscalía ya reclamó exonerar a los cuatro agentes procesados por la citada actuación. Apuntó entonces que había actuado en cumplimiento de su deber, es decir: una eximente de responsabilidad penal. Indicó asimismo que, al tratarse un presunto delito de lesiones, por el que Español perdió un ojo, y haber transcurrido -entonces- casi siete años, este habría prescrito.

En su escrito, la fiscal apuntó también que el disparo de un proyectil de caucho durante la actuación de los policías en la escuela Ramon Llull de Barcelona se produjo en cumplimiento del mandato judicial para impedir la votación. Sostuvo además que, previo al lanzamiento, los agentes emplearon «un uso progresivo de medios», en el contexto de una actuación «adecuada a los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad». Finalmente, el Ministerio público solicita la amnistía tanto para el activista como para los funcionarios.

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Una petición que ha criticado el propio Español que este martes, a través de redes sociales, ha reprochado: «La Fiscalía del Estado español, igual que ERC, Junts y la CUP, pide la amnistía para los heridos y represaliados independentistas sin tan solo consultar su voluntad. Quieren taparlo todo para eludir responsabilidades. Cobardes».

Ahora será la Audiencia de Barcelona la que tendrá que decidir si aplica el olvido penal o si, finalmente, se celebra el juicio contra Español y los cuatro agentes. Ya que Irídia, que ejerce la acusación, pide que los funcionarios se sienten en el banquillo por un delito de lesiones con pérdida de órgano principal y uno de torturas. Ilícitos excluidos de la amnistía.