Los cinco integrantes de la 'manada de Castelldefels' piden perdón y aceptan entre ocho y tres años de cárcel

Tras el fallo y a través de una nota de prensa, el Ministerio público ha defendido el acuerdo al apuntar que «los procesados han reconocido los hechos, han pedido perdón a las víctimas, mostrado arrepentimiento y han consignado la totalidad de las indemnizaciones pactadas». Una conformidad en la que, para la Fiscalía, «ha pesado mucho la necesidad de proteger a las víctimas, así como su voluntad de no ser revictimizadas sometiéndolas a la presión de este juicio». Aseguran así desde la acusación pública que para sellar el pacto han tenido en cuenta el riesgo de una eventual suspensión del juicio, «tras haber constatado que una de las víctimas está sufriendo una crisis postraumática que hacía inviable su presencia» en el mismo, y las consecuencias que la prolongación del proceso penal habría provocado en la salud emocional de las jóvenes.

Las agresiones sexuales grupales que este martes han reconocido los acusados se remontan a marzo y mayo de 2021. Los cinco individuos contaban con un grupo de Whatsapp, bautizado K-Team, para seleccionar a sus víctimas. Jóvenes que llevaban hasta la vivienda de uno de ellos, en plenas restricciones por la pandemia, con la excusa de unirse a una fiesta. En sus conversaciones y audios a través de la citada aplicación, los cinco corroboraron como se «turnaban» para violarlas y como «tanteaban» a otras chicas para llevarlas al domicilio de uno de ellos en Castelldefels (Barcelona). Luego, se jactaban de ello. «Te pasaría el teléfono de una, pero no me fío porque a esa sí la veo capaz de denunciarme», rezaba uno de los mensajes.

Los cinco hombres, apuntó la Fiscalía en su escrito de acusación, crearon «un clima de sometimiento» para «anular la capacidad de reacción» de sus víctimas, por eso sostuvo que todos ellos integraron «un grupo criminal para la comisión de delitos contra la indemnidad sexual». Así, les atribuyó tres delitos de agresión sexual con penetración y otros dos de descubrimiento y revelación de secretos con difusión de datos de carácter personal, por enviar a través de dicha aplicación de mensajería, imágenes de las violaciones. Este martes, los acusados han sido condenados por pertenencia a grupo criminal y por las violaciones, no así por la distribución de las imágenes.

Los cinco contactaron por redes sociales con jóvenes que tenían «baja autoestima», se ganaron su confianza y las invitaron a fiestas en el domicilio de uno de los procesados, ubicado en Castelldefels, aprovechando las restricciones por el Covid. Las víctimas acudieron a esas fiestas de forma voluntaria, pero sin conocer «el carácter grupal y sexual de las mismas», en las que los procesados crearon un clima de sometimiento que llegó a mermar e incluso anular la capacidad de reacción de las perjudicadas, sostuvo la acusación pública. La investigación de los Mossos d'Esquadra comenzó con la denuncia de unas de las víctimas. Una noche, en la primavera de 2021, quedó con uno de los acusados, ahora condenado, Alejandro Raúl. P. C. alias 'El Cubano', a través de redes sociales. Después de tomar algo, éste le dijo que había una fiesta en su casa, a la que acudiría más gente. Las discotecas estaban aún cerradas por la pandemia y ella accedió.

Noticia Relacionada

Los Whatsapps incriminatorios mantienen a la 'manada de Castelldefels' en prisión provisional: «La hemos reventado»

Elena Burés

El tribunal descarta el argumento de las relaciones consentidas porque los cinco acusados reconocen los hechos en su chat K-Team

Allí se encontraban los otros cuatro acusados. Durante la noche, «estuvieron bebiendo» y jugando a la consola. Cuando la mujer «se encontraba muy borracha, hasta el punto que no se sostenía de pie», uno de ellos comenzó a besarla y a meterle mano. Ella le dijo que parase. A pesar de ello, dos de los individuos la cogieron y la llevaron a una habitación. Le quitaron la ropa, la tumbaron en la cama y la violaron por turnos.

Mayo del mismo año. Otra mujer acudió a una fiesta en el mismo inmueble. El 'modus operandi' fue el mismo. Alejandro Raúl contactó con ella por redes sociales la noche anterior. «Como le gustó, accedió a ir a la fiesta». El individuo la recogió en la estación de tren y la llevó a su domicilio. Allí había otros chicos y una chica. Un grupo de unas diez personas. Bebieron, cenaron y jugaron a la consola. En un momento dado, la víctima comenzó a besarse con otro de los acusados, José Manuel M., cuando, «sin ser invitados», entraron en la habitación otros tres hombres. Uno de ellos la agredió sexualmente mientras los restantes «no hicieron nada impedirlo». Ella «no dijo nada», «pero no se esperaba que eso pasase y no quería», pero «estaba en una fiesta en la que no conocía a nadie, lo hizo pensando que así podría marcharse de allí».

Noticia Relacionada

Cinco amigos de Castelldefels, acusados de violar en grupo: «¿Desde cuándo una tía es solo para uno?»

Elena Burés

Uno de ellos «captaba» a las víctimas por redes sociales y luego las invitaba a una fiesta en su casa, donde se producían las agresiones sexuales

La tercera víctima, apuntó la instructora que decretó el ingreso en prisión provisional de los individuos, también acudió a la fiesta de forma voluntaria, «pero sin ninguna intención de mantener relaciones sexuales» con los investigados. También había quedado con Alejandro Raúl, que actuaba como gancho. Cuatro de ellos la violaron «de forma sucesiva» anal y vaginalmente. «El hecho de que accediese a ir a la fiesta y beber alcohol, no implica que también accediese a que después, los investigados, aprovechando que no se sostenía en pie, la agrediesen sexualmente», señaló la juez para apuntar: «Resulta bastante lógico pensar que una persona que no se puede sostener en pie, debido al estado etílico, pueda prestar su consentimiento».

Con el contenido de los teléfonos móviles de los investigados, la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Gavà (Barcelona) concluyó que la forma de actuar del grupo era «naturalizar» lo ocurrido, con un «poco de contacto posterior a fin de controlar que no denuncien». Tras su detención, en diciembre de 2022, la togada decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Los cinco acusados se enfrentaban a una condena que sumaba 196 años de cárcel y a una petición de más de 215.000 euros de indemnización por los daños morales ocasionados a las víctimas pero, tras el acuerdo de conformidad, han logrado una importante rebaja de sus penas.