El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible advirtió ayer a la Junta de Castilla y León de que bonificar los peajes de las autopistas a los usuarios recurrentes que estén empadronados en la Comunidad vulnera la legalidad comunitaria, que exige que las tarifas o descuentos ... en la red viaria se apliquen en condiciones de igualdad.
Así lo aseguró la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, en una respuesta a dos diputados del Grupo Popular, Óscar Ramajo y Silvia Franco, durante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, celebrada en el Congreso y recogida por Ical.
En ese sentido, aludió a la «viabilidad jurídica» de la medida anunciada por la Junta, que ha consignado diez millones de euros en el proyecto de Presupuestos para 2026 destinados bonificar a los castellano y leoneses los peajes de la AP-6, AP-51, AP-61 y AP-71, además de estudiar descuentos a la AP-66. La secretaria general del ministerio que encabeza el vallisoletano Óscar Puente incidió en que la normativa contempla que las tarifas no deben discriminar por motivos de residencia o nacionalidad.
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