El plan para reformar el operativo de incendios choca con sindicatos y oposición
CCOO y UGT tachan de «barrabasada» la actuación de la Junta y ven «rácana» la propuesta
Crecen los nacimientos pero el saldo vegetativo de Castilla y León sigue en negativo
Valladolid
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Iniciar sesiónArdua, y por dos flancos diferentes, se le presenta a la Junta de Castilla y León la batalla política y sindical para aprobar en las Cortes el decreto-ley y posteriormente desarrollar esa modificación de la relaciones de puestos de trabajo (RPT) y hacer ... fijos todo el año a lo 837 trabajadores del operativo de incendios. Y es que de la reunión de este jueves con los representantes de los trabajadores, en sendas mesas de Negociación del Personal Laboral y de la Función Pública, las centrales sindicales no salieron nada satisfechas. Disconformes «en las formas y en el fondo» de la cita, ha afeado Juan Carlos Hernández, de CC.OO. «No es la forma de negociar», ha recriminado también Carlos Arenas, de UGT, que ha coincidido en criticar que se sentasen sin la documentación previa para analizar y en una cita convocada «con 24 horas de antelación nada más».
«No entendemos la velocidad tan increíble» que desde la Junta quieren imprimir a la negociación, tras «cuarenta años con un modelo de extinción nefasto», se ha quejado Arenas, quien lo vinculó directamente con las próximas elecciones autonómicas. La propuesta «se limita a cumplir compromisos anteriores», ha censurado Hernández, para quien lo planteado «en ningún momento aumenta y mejora el personal del operativo de incendios», que se mantiene «igual de rácano».
«Faltan muchas cosas», ha advertido el representante de UGT, para quien lo «fundamental» que no ven se refiere al «modelo» que reclaman –de gestión «estrictamente pública» y permanente– y las «condiciones» de los trabajadores, pues entienden que en el caso de los laborales, con lo planteado hay «200 que quedan fuera» de los 837 que pasarían a fijos los doce meses. «Es una barrabasada lo que están haciendo con los trabajadores», ha sostenido el vicesecretario de Administración Autonómica y Diálogo Social de UGT, quien ha acusado a la Junta de estar «negociando sin buena fe» y de ser una «panda de mentirosos porque están mintiendo descaradamente».
Así que desde los sindicatos ya han dejado claro este jueves que siguen adelante con el calendario de movilizaciones, con la próxima cita fijada para el miércoles 26, cuando está previsto que se someta a votación en las Cortes ese decreto-ley aprobado el pasado octubre por la Junta. Y ya dan por seguro que habrá más protestas, aunque la negociación pueda seguir adelante, y que su postura es la del «no» a lo puesto sobre la mesa.
La de este jueves fue la primera de más reuniones, en la que desde la Consejería de la Presidencia han trasladado la propuesta de «mejora» del operativo, que el portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido este jueves como «positiva y muy importante». La propuesta pretende «reforzar la estabilidad, las condiciones de trabajo y la modernización del operativo de extinción de incendios», para lo que incluye cambios tanto para el personal como el funcionario.
Posición crítica
Eso sí, para sacarla adelante, necesita ser convalidada por las Cortes, donde el PP está en minoría y, por ahora, la postura avanzada por los grupos de la oposición es crítica a lo que se elevará al próximo pleno, donde también se debatirá otro decreto-ley sobre los llamados «anillos de seguridad» en torno a los núcleos urbanos. «Ese decreto lo rechazan de plano todos los representantes sindicales de los profesionales, de los bomberos forestales, con lo cual creo que está claro lo que hay que hacer en el debate del próximo día 26», ha advertido la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán. «No nos gusta ninguno de los dos, pero no nos gustan a nosotros porque no les gustan a nadie, quizás sencillamente porque hay una enorme falta de diálogo por parte de la Consejería con todos los afectados», ha espetado por su parte el portavoz adjunto de Vox, Ignacio Sicilia, en declaraciones recogidas por Ep.
Tampoco convencen al resto de fuerzas –aunque sus votos son insuficientes para armar una mayoría con el PP–. Desde UPL-Soria ¡Ya!, el sorianista Ángel Ceña ha tachado de «un poco disparatado» otorgar la responsabilidad del cuidado de los montes a los propietarios y, subsidiariamente, a los ayuntamientos. Desde el Grupo Mixto, Pablo Fernández (Podemos) ha aventurado su no; mientras Francisco Igea está entre el rechazo y la abstención.
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