El nuevo plan de Infocal señala 700 municipios de protección prioritaria contra incendios

El documento, al que ha tenido acceso la Agencia Ical, se remitirá a la Comisión Nacional de Protección Civil para su homologación y deroga el anterior decreto, originario de 1999. La Junta anunció a principios de verano que este trámite se desarrollaría en julio pasado, con lo que llega con tres meses de retraso. Se trata de la medida regulatoria más avanzada entre las que prepara la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio dentro del acuerdo para reforzar el operativo, firmado en el marco del Diálogo Social el 27 de septiembre de 2022 con CCOO, UGT y CEOE.

Así, la Junta pondrá el foco principalmente en estos 690 municipios, entre los que se encuentran todas las capitales de provincia, a excepción de Salamanca. El listado no supone que los medios actúen en mayor medida en el resto de los 2.248 ayuntamientos (que sin embargo contarán con una guía de actuación), pero sí advierte de cuáles son los que corren más riesgo. Además, obliga a la elaboración de planes de actuación de ámbito local de emergencias ante incendios forestales en estos municipios y establecer las oportunas medidas de seguridad oportunas en las zonas de interfaz urbanoforestal. No en vano, se realizarán actualizaciones del análisis de las variables consideradas en el cálculo (cobertura vegetal, frecuencia, riesgos asociados a la interfaz) o revisiones futuras de la metodología, que pueden hacer necesaria la modificación de los listados.

Por provincias, una cuarta parte de los municipios se encuentra en Salamanca, con 171. Entre las tres provincias del oeste suman el 56 por ciento del total (116 en León y 68 en Zamora), lo que constata la tradicional peligrosidad de los incendios forestales en este área de la Comunidad. Además, se contabilizan 95 en Burgos, 88 en Ávila, 52 en Soria, 40 en Segovia, 37 en Palencia y, por último, 23 municipios en Valladolid, lo que deja la visualización de un mapa con atención especial a la periferia y determinados espacios en el interior regional. Todos estos municipios deberán contar con planes de actuación de ámbito local de emergencia por incendio forestal, con un contenido mínimo que permita dar una primera respuesta, proteger a la población amenazada y, en lo posible, evitar o al menos reducir los daños.

El nuevo Infocal profundiza también en las diferentes épocas de peligro. Así, declarará por ley la época de peligro alto desde el 12 de junio hasta el 12 de octubre, 123 días, en coincidencia con el periodo de mayor rigor climático, de acuerdo con los datos estadísticos del último decenio. El documento argumenta esta extensión, que ya se aplica en este 2023 (anteriormente era del 1 de julio al 30 de septiembre), en que la «estacionalidad climática genera variabilidad en el régimen de temperaturas y precipitaciones, situando al verano en la época más desfavorable con una sequía prolongada y elevadas temperaturas que se producen cada año, según la serie climática», lo que «se traduce en una mayor gravedad de los incendios y genera mayor peligro para personas y bienes».

Igualmente, la de peligro medio se liga a periodos de sequía prolongados, temperaturas altas, índices de riesgo elevados o a circunstancias que apunten hacia una mayor siniestralidad, «pudiéndose realizar al nivel territorial que mejor convenga para dar respuesta a la gestión del Plan (comarcal, provincial o regional)». Si no hay ninguna de estas dos declaraciones se considera época de peligro bajo, durante la cual «se mantendrá una operatividad básica de extinción y el resto de los medios y recursos se destinarán fundamentalmente a las labores de prevención, detección, vigilancia y otras que puedan ser necesarias, sin perjuicio de ser movilizados en caso de incendio forestal».

En cuanto a los medios y recursos adscritos al operativo, el documento advierte de que serán actualizados, «al menos anualmente». Recoge 154 técnicos, 742 agentes medioambientales, 90 celadores, 169 puestos de vigilancia, 80 operadores distribuidos entre los 10 centros de mando, 40 técnicos de apoyo al centro de mando y 62 conductores.

A ellos se suman 132 cuadrillas terrestres, con cinco o siete miembros en cada caso, 14 retenes de maquinaria (con uno, dos o tres trabajadores), 11 buldócer (con un conductor cada uno), una veintena de cuadrillas helitransportadas (ELIF), con entre cinco y ocho personas, en función de su tipología.

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En cuanto a los medios, el operativo de Castilla y León cuenta, actualmente, con 21 bases de helicópteros y aeródromos con aparato aéreo asignado (donde se encuentran 22 helicópteros y un avión). Además, dispone de dos bases de helicópteros desde las que operan medios del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), así como varias bases auxiliares perfectamente operativas para su uso en caso de incendio en zonas próximas. No obstante, se disponen de otras seis bases de uso eventual, distribuidas por el territorio de la Comunidad. Se distribuyen por el territorio en función de los índices de peligro definidos y cada una de ellas lleva asociada una zona de despacho automático formada por los términos municipales del entorno de la base, según el documento.