La Junta ve en el recurso del Supremo un aval a su rechazo a la amnistía

«Lógicamente», lo hecho por el Alto Tribunal «da una idea de que lo que defendíamos en Castilla y León es razonable» para «garantizar la igualdad entre todos los españoles» e intentar tumbar vía judicial el olvido legal aprobado por Pedro Sánchez y sus socios, señaló ayer el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo.

«Nos anima a seguir trabajando en esa dirección», subrayó el también consejero de Economía y Hacienda, quien detalló que la Junta «ya» tiene elaborada su «primera versión» del recurso que prevé elevar al Constitucional. Tal y como marca la norma en la Comunidad, ahora lo está analizando el Consejo de Consultivo, cuyo informe es preceptivo, aunque no vinculante, antes de elaborar el recurso definitivo con las «apreciaciones» que pueda sugerir el órgano de consulta y que debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno, como mucho a finales de agosto.

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Además, Carriedo recalcó que la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala Penal del Supremo sostiene argumentos «muy sólidos» en defensa de «igualdad de los españoles», y que está «en riesgo» merced a esa Ley de Amnistía. Argumento, señaló, en el que insiste la Junta para sostener su «propio» recurso, aunque pueda coincidir con el de otras comunidades.

También otra reclamación judicial, en este caso vía contencioso administrativo, tiene el Gobierno autonómico en el horno. En este caso para reclamar al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, que lleva dos años sin verse las caras. Si bien Carriedo confió se haga «no porque un tribunal se manifeste claramente a favor», sino porque Sánchez atienda a la petición de la mayoría de las comunidades. Y reclamó que la fecha «no se dilate» dada la «urgencia» de los asuntos a abordar, como son la inmigración, la situación de la sanidad ante la falta de médicos y la financiación autonómica.

Precisamente, sobre este último asunto y con la posible investidura del socialista Salvador Illa como nuevo presidente catalán en el horizonte, Carriedo afeó la reunión mantenida también el miércoles por Sánchez con el presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès. «Parece que alguno sabe más que lo que sabemos el resto», recriminó el consejero, quien reprochó que, pese a que «no se sabe todo» lo que hablaron ambos dirigentes, «mucho nos tememos» que buena parte del encuentro se dedicase a la financiación autonómica. 

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«Alguien juega con ventaja» y «supone un perjuicio para» el resto, censuró el portavoz, quien incidió en que «lo que nos afecta a todos tiene que ser negociado entre todos», como es el caso de esos fondos que llegan del Estado para cubrir el coste de los servicios esenciales.

En este sentido, Carriedo también reiteró que la postura de Castilla y León pasa por reclamar y recibir más dinero a través del nuevo del modelo de financiación que urge a reformar para mantener «adecuadamente» los servicios y «no» por el «reparto de más déficit» que, a la postre, supone «más deuda y pagar más intereses».

Por el momento, con «indefiniciones» sobre algunas cifras que dependen del Gobierno central, el consejero señaló que la Junta trabaja en elaborar un «buen» presupuesto para 2025 con el que lograr el apoyo mayoritario de las Cortes, que no está garantizado tras quedarse el PP en minoría tras la ruptura con Vox.