Pesimismo en el PSOE: «Ni una investidura de Illa podría ya reflotar la legislatura»

El PSOE digiere ahora esa amarga resaca con un diagnóstico compartido entre los dirigentes más optimistas y los que menos lo son. El de que la legislatura «no es fácil», que la gobernabilidad con los socios elegidos es, cuando menos, «compleja» y, en fin, que «todo cuesta mucho», como sintetiza una persona importante en el partido y en la mesa del Consejo de Ministros. «Es el peor momento, sin duda», advierte alguien al que Sánchez ha encomendado importantes tareas durante su largo lustro en el poder.

Hasta ahora, hasta este mismo martes en el que el último pleno del curso parlamentario – en el que el Ejecutivo también encajó la derrota en la votación de la ley de Extranjería, al no lograr un acuerdo con el Partido Popular (PP)– volvió a mostrar los apuros de Moncloa para mantener su barco erguido, la excusa era Cataluña. La situación de bloqueo que se vive en esa comunidad autónoma después de la victoria electoral del líder del PSC, Salvador Illa, en las autonómicas del pasado 12 de mayo, y que se resolverá de una u otra forma este próximo mes de agosto, no solo tiene paralizada a esa región, una de las más pobladas e importantes de España, sino al resto del país.

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Daniel Tercero

Baste como botón de muestra que fue el adelanto electoral realizado por Pere Aragonès al frustrarse el acuerdo para los presupuestos regionales que había alcanzado con los socialistas catalanes lo que precipitó que Sánchez y su vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decidieran suspender la negociación entonces en ciernes para unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, que quedaron prorrogados.

Pero visto lo visto, hay ya quien duda de que sea la eventual investidura de Illa estas próximas semanas veraniegas la que pueda poner en marcha de una vez el motor de una legislatura que el próximo 17 de agosto cumplirá un año, cuando Francina Armengol fue elegida presidenta del Congreso de los Diputados con el apoyo de los independentistas catalanes y vascos. «La verdad es que ni la investidura de Illa podría reflotar esto», afirma con resignación una de las fuentes socialistas consultadas por ABC, que afirma ver «pocas salidas a la situación». Quienes aún quieren ver el vaso medio lleno sí se aferran a la idea de que el arranque de la legislatura catalana podría impulsar la de las Cortes Generales, aunque admiten que lo que Carles Puigdemont pueda hacer es, como siempre, una incógnita.

Los optimistas expresan que con Illa ya en el puesto de mando en el Palau de Sant Jaume de Barcelona, la sede de la Generalitat sita frente al Ayuntamiento de la Ciudad Condal, se abriría una «nueva pantalla» y que, llegado el caso, habría que ver el camino que eligen los neoconvergentes. Los pesimistas creen que Junts no tiene incentivo alguno, y tampoco lo tendría teniendo que hacer la oposición a Illa, para facilitar las cosas. «La teoría de que si Illa tiene éxito puede allanar el camino tiene aristas. Si Puigdemont pone un pie en España y es detenido...», deslizan para justificar su visión.

Desde hace tiempo dirigentes socialistas de peso poco o nada sospechosos de ser desafectos a Sánchez o incluso a la causa de la amnistía para el expresidente catalán y el resto de encausados por el 'procés', admiten lo peliagudo de depender de Junts. Y ello porque, a diferencia de ERC, lo ven como una fuerza muy radicalizada y escorada hacia los postulados de máximos del independentismo catalán, además de con poca tradición política, a diferencia de lo que fue durante décadas la CIU de Jordi Pujol.

De hecho, hasta la pasada legislatura, antes de que Sánchez blasonara de hacer «de la necesidad, virtud», los de Puigdemont fueron una permanente piedra en el zapato del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, puesto que hoy ocupa Sumar. La formación liderada en Madrid por su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras, votó que no a todo: investidura, presupuestos, estados de alarma durante la pandemia y la práctica totalidad de leyes, desde la reforma laboral hasta la ley de Vivienda. Sonados fueron los enfrentamientos entre Nogueras y Sánchez en las sesiones de control parlamentarias, donde el presidente se empleó con duras palabras siempre contra la diputada catalana.

Hasta hace unas semanas, una posibilidad que se apuntaba era la de que si finalmente ERC no apoyase una investidura del exministro de Sanidad Sánchez disolviese las Cortes para ir de nuevo a elecciones y hacerlas coincidir con las catalanas, que de celebrarse de nuevo tendrán lugar el próximo 13 de octubre. De fondo, la indudable condición de motor electoral del socialismo en toda España que vuelve a representar después de muchos años el PSC, que el año pasado recuperó la alcaldía de Barcelona (si bien con el imprescindible respaldo del PP) y que en las generales de hace un año obtuvo un rotundo éxito, sumando más diputados que ERC y Junts juntos.

Pero ahora ese adelanto cobra fuerza en cualquier escenario, si se repiten las catalanas por lo antedicho y si no porque Sánchez podría acudir a las urnas presentándose como el 'pacificador' de Cataluña después del 'procés', un relato en el que insiste una y otra vez Moncloa y Ferraz. La hipotética cohabitación en la Plaza de Sant Jaume de Illa y de Jaume Collboni, el regidor de la capital catalana, reforzaría ese motor electoral del PSC, barruntan en el cuartel general socialista. Una coincidencia de dirigentes socialistas en los puestos de mayor poder político en Cataluña que no se daba desde hace más de una década, cuando José Montilla presidía la Generalitat y el hoy ministro de Industria, Jordi Hereu, era alcalde de Barcelona.

Al margen de las visiones de unos y otros, los datos más fríos y asépticos dejan a las claras las dificultades que afronta Sánchez en su tercer gobierno, después del que lideró en solitario tras la moción de censura de 2018 a Mariano Rajoy y el segundo, en el que se abrió a coaligarse con el espacio a su izquierda. Salvo la ley de Amnistía, con todo lo que implica y conlleva, la actividad legislativa ha sido raquítica, con episodios como la retirada de la ley del suelo el mismo día que llegaba al pleno del Congreso. Y ni para convalidar decretos hay excesivas posibilidades. Todo ello sin mencionar la piedra que más aprieta ahora al presidente, que no es otra que la causa por presunta corrupción contra su mujer, por la que ya ha sido a llamado a declarar como testigo.