Los varapalos del Supremo a la ley de Amnistía: de los golpistas a la república saharaui y al trato privilegiado

«Los ahora acusados deberían ser amnistiados por la simple razón de que las piedras y adoquines que lanzaron contra la sede de los Juzgados de Girona (poniendo, además, en riesgo la vida y la integridad de personas) se realizó con el propósito de protestar frente a la sentencia de este mismo Tribunal Supremo, que condenó a una parte de los máximos responsables del referido golpe de Estado. Si sus motivaciones hubieran sido diferentes (por ejemplo, si su protesta lo hubiera sido contra la, a su parecer, escasa contundencia de esa misma sentencia; o en favor de la libre determinación de la república saharaui; contra los desahucios; o a favor, o en contra, de la inmigración ilegal) deberían cumplir sus penas». Es decir, concluye el Supremo, «es solo su opinión (política) la que les hace acreedores de la amnistía», sentencia el Tribunal Supremo.

El auto del Supremo califica once veces de «golpistas» a los condenados del 'procés' y señala que «trataron de imponer a los demócratas, en Cataluña y en el resto de España, sus propias ideas».

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Nati Villanueva

Tal y como recoge el escrito, el Tribunal Supremo concluye que «La amnistía se articula en términos llanamente inconsistentes con su finalidad. Si resulta preciso 'devolver la resolución del conflicto político a los cauces de la discusión política', ello solo es debido a que los golpistas trataron de imponer a los demócratas, en Cataluña y en el resto de España, sus propias ideas y las consecuencias de las mismas, ignorando el ordenamiento constitucional».

«La norma cuestionada repugna al derecho constitucional a la igualdad ante la ley. El sistema constitucional se sustituye por lo que gráficamente se ha denominado como una suerte de amnistía permanente revisable», sentencia el auto.

«No estamos aquí ante un debate político de mayor o menor calado: Son los principios constitucionales y el sistema democrático mismo los que están aquí en cuestión», afirma el escrito.

«Tenemos la absoluta convicción de que la norma cuestionada es inconstitucional, aunque es en exclusiva al Tribunal Constitucional a quien corresponde pronunciarse con eficacia al respecto», declara el Supremo.