Castilla y León pedirá hoy al Gobierno que renuncie al «cupo separatista» tras librarse de las «ataduras» de Junts

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, confirmó el pasado jueves que acudirán a la reunión convocada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2026-2028, como primer paso para avanzar en la presentación del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.

El titular de Hacienda aseguró que van a defender «lo mismo» que en otras ocasiones ya que señaló la Junta acude con el «ánimo» de trasladar al Gobierno que aproveche la reunión con las comunidades para dar por finalizado «todo intento de aplicación del cupo separatista», un modelo que denunció pretendía romper la «igualdad» entre españoles. Por ello, pedirán que se renuncie a modelos basados en la desigualdad e «insolidaridad».

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«Eso nos gustaría», dijo Fernández Carriedo, quien reclamó al Gobierno que cambie de opinión para centrarse a partir de ahora no en lo que interesa al presidente, Pedro Sánchez, sino al conjunto de los españoles. Igualmente, la Junta reivindicará la necesidad de renovar el sistema de financiación autonómica, que recordó terminó su vigencia en 2014, porque es «insuficiente» para cubrir el coste de los servicios.

Además, recordó que en enero de 2022 enviaron una propuesta para que se tuviera en cuenta el «coste efectivo» y criterios como la «elevada» esperanza de vida, la dispersión territorial o el envejecimiento. También, señaló que defienden la «solidaridad territorial» para garantizar la igualdad entre españoles y que el procedimiento de negociación sea «multilateral» entre todas las comunidades y no sólo entre los partidos separatistas como a su juicio sucedía en los últimos meses.

«Aquello que afecta a todos, tiene que decidirse entre todos», dijo Fernández Carriedo quien rechazó, por tanto, tanto el »cupo separatista« como la condonación de la deuda pública de las comunidades. La Junta, remarcó, está «en contra claramente» por ser un sistema «desigual» e «insolidario», ya que «solo viene a pagar un precio político» a los partidos separatistas y contrario al interés general, como recordó indican las asociaciones de inspectores de Hacienda o la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal).

Asimismo, el titular de Economía y Hacienda defendió, en declaraciones recogidas por Ical, que el «problema de las comunidades» no es de «tesorería», sino de la «cantidad» de financiación que reciben las autonomías para costear la prestación de los servicios públicos. Por ello, insistió en que no se trata de cambiar cuándo se realizan los pagos, sino de la «suficiencia» de los recursos transferidos. También apuntó que Castilla y León está entre las comunidades «menos endeudadas» y una de las que tiene el índice de solvencia más alto, y subrayó la calificación de la agencia Moody's sobre la deuda de la Comunidad.

Finalmente, Fernández Carriedo remarcó que Castilla y León demanda un nuevo modelo de financiación autonómica, no cambios en el sistema de pagos de las cuantías distribuidas por el sistema actual.