Los ataques del lobo se disparan en Castilla y León a casi 4.000 en 2024 con 6.000 reses muertas

Y es que si en comparación con 2023 los 3.973 ataques certificados el pasado suponen un incremento del 11 por ciento, son un 23 por ciento más que en 2022 y un 47 por ciento a mayores en relación a ese 2021. Por número de cabezas muertas, 5.985, un ocho por ciento más que en los doce meses anteriores y un 39 por ciento más que ese último año en el que el cánido fue especie cinegética. «Un enorme incremento», ha subrayado Suárez-Quiñones, quien han enfatizado la «relación directa» con esa prohibición del control mediante cupos que se llevaba a cabo al norte del cauce con el hecho de que ha sido «especialmente significativo» al norte del Duero. Supone, ha recalcado, una «relación directa de causalidad».

Pero también al sur, ha subrayado el director general de Patrimonio Natural, José Angel Arranz, hay territorios como Ávila, que acumula una cuarta parte de los animales muertos entre las fauces del depredador, «está muy por encima de la línea roja de daños asumibles».

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Los datos «asustan» y son «alarmantes», ha advertido Donaciano Dujo, de Asaja, quien ha incidido también en la «realidad social» que hay detrás de esas incursiones. «Nadie quiere la erradicación» del cánido, ha coincidido con el resto de representantes de las organizaciones agrarias y el consejero, pero sí demandan un «control y gestión». En las zonas de montaña, «peligran más los ganaderos que la fauna salvaje y, desde luego, el lobo», ha alertado Aurelio González, de La Alianza UPA-COAG. Los datos «son tozudos», ha incidido también Jesús Manuel González Palacín, de UCCL, para quien «no es un capricho, es una necesidad imperiosa» poder controlar al cánido.

Unos ataques que han disparado también las indemnizaciones que paga la Junta de Castilla y León, cuyo consejero ha denunciado que de las promesas hechas por el Ministerio para la Transición Ecológica de que abonaría 20 millones a las comunidades con el cambio del régimen del lobo, no han llegado ni a la mitad. Las de 2024 se traducen en Castilla y León en 4,8 millones en indemnizaciones, «una cifra altísima» que marca un «récord histórico».