Azucarera, amargo final

AB Foods, el grupo británico dueño de la compañía española, ha justificado su decisión por la caída sostenida de los precios del azúcar, el aumento de los costes energéticos y la falta de rentabilidad. Sin embargo, detrás de estas razones económicas se esconde una estructura de mercado profundamente desigual, en la que las grandes multinacionales controlan los márgenes mientras los pequeños productores sufren las consecuencias. En este tablero, León ha perdido una partida que ni siquiera se jugó con reglas justas.

La planta de La Bañeza, que generaba cerca de 200 empleos directos y más de 1.000 indirectos, no solo representaba una fuente de trabajo: era la última esperanza de arraigo para una comarca que ya ha sufrido de manera desproporcionada el declive de la industria agroalimentaria. Con su cierre, no solo se condena a cientos de trabajadores al desempleo o al éxodo, sino que se dinamita el tejido productivo y social de varias comarcas.

La falta de una estrategia nacional para defender el cultivo de la remolacha y asegurar un precio justo para el azúcar evidencia el abandono institucional hacia sectores primarios estratégicos. España importa una parte considerable del azúcar que consume, mientras deja morir a sus productores locales. ¿No debería precisamente una economía moderna y sostenible proteger sus recursos y sus industrias frente a la especulación global?

El desmantelamiento de Azucarera en León es, además, una injusticia histórica. La provincia ha contribuido como pocas al desarrollo agrario del país. Ha sido cuna de cooperativas, innovación y esfuerzo colectivo. Y hoy se ve recompensada con indiferencia. En lugar de impulsar planes de reconversión o inversión en I+D para hacer más competitiva la producción local, se prefiere el camino más fácil: cerrar, abandonar, olvidar.

El azúcar es el símbolo. Lo que está en juego es mucho más: la soberanía alimentaria, el equilibrio territorial y la dignidad de un sector agrícola que ha dado todo y ahora se siente traicionado.