Alcaldes salientes pero vigilantes

En el caso de Puente, al que un pacto entre PP y Vox elevó a la alcaldía al popular Jesús Julio Carnero, su actividad en estos primeros días de legislatura ha sido frenética y, tanto en comparecencias públicas como a través de twitter, ha fiscalizado cada anuncio o medida adoptada por el nuevo gobierno municipal.

La primera fue la derogación -ya sometida a información pública- de la actual ordenanza municipal de movilidad que elimina la exclusividad de carriles para bus, taxi y bicicleta, una decisión que, en opinión de Puente, supondrá la pérdida para la ciudad de 483 millones de euros de fondos de la Unión Europea. Según resaltó, el consistorio vallisoletano fue elegido por la UE entre la siete ciudades españoles objetivo 2030, por lo que se suscribió un acuerdo con el Ministerio que incluye obligaciones concretas como la reducción del tráfico privado, la apuesta por medios de transporte alternativos y por mayor espacios para los peatones. El titular de la Alcaldía replica que una vez que la modificación de la ordenanza está en audiencia «será el momento de ver las consecuencias».

Otra de las críticas del exalcalde socialista tiene que ver con los sueldos ya que, tras el anuncio de Carnero de que renunciará al salario de alcalde y se queda con el de senador, el dirigente socialista le reprochó que «la ley le obliga a elegir uno de los dos sueldos. No hay ningún sacrificio y ninguna renuncia». El aludido, en cambio, defendió el ahorro para las arcas municipales.

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También en Segovia, la alcaldesa saliente, Clara Martín, criticó el nuevo organigrama del consistorio porque «tiene palpables incoherencias», al tiempo que calificó de «muy grave» la desaparición de la Concejalía de Patrimonio Histórico. Además, tachó de «totalmente falso» que el gobierno saliente haya «reseteado» los ordenadores para vaciarlos de información, como denunció el alcalde José Mazarías. Martín explicó que la información municipal de interés está volcada de forma íntegra en el programa de gestión de expedientes administrativos del Ayuntamiento, pero «nunca está en los propios terminales».

Mientras, en Ponferrada, PSOE y PP protagonizaron ayer su primera gresca a cuenta del pacto con Vox y 'Coalición por el Bierzo' que propiciaron el retorno del PP a la alcaldía del primer municipio del Bierzo, arrebatando el gobierno al PSOE, que fue la lista más votada. El socialista Olegario Ramón insistió en denominar a ese triple acuerdo como «pacto de la motosierra», en alusión a una fotografía de la cabeza de lista de Vox, Patricia González, quien, en vísperas de las elecciones posó 'armada' con una de esas herramientas, delante de la casa consistorial.

Después de ofrecer una «oposición constructiva» y avisar de que también será «vigilante», el líder local del PSOE confesó su preocupación por las primeras decisiones de su sucesor, Marco Morala (PP), que ha ordenado la retirada de una estructura de madera, llamada parklet, y que ocupaba parte de los espacios de aparcamiento del Puente García Ojeda, junto al Castillo de los Templarios, con asientos para el descanso de los peatones y que costó 20.000 euros. Ramón manifestó su sospecha de que Morala pretende «destrozar todo lo que hizo el PSOE.

Si alude motivos de seguridad, también tendría que retirar los bancos o las terrazas de bares y cafeterías». También censuró que se haya ordenado celebrar la cena de la Noche Templaria en el interior del Castillo por «riesgos para el monumento». El exalcalde auguró la desaparición de 'Coalición por el Bierzo' tras el acuerdo de gobierno, «con el que han asumido la responsabilidad histórica de hacer desaparecer el bercianismo». Además, cuestionó que el PP pueda cumplir sus compromisos con Vox para que sus concejales asuman dos nuevos institutos de Cultura y de Empleo. Auguró que es «imposible crearlos, porque lo impide el actual plan de ajuste. De inmediato, Morala defendió que es posible contar con esos nuevos órganos para lo que se pedirán informes técnicos y jurídicos. Y advertió de que el plan de ajuste «ya es responsabilidad del gobierno de Ramón, que lo prolongó hasta 2028», informa Diego L. González.