Sintonía para fijar una posición común ante el nuevo modelo de financiación

La base del pacto de Comunidad que se busca vendría del ya suscrito en 2013 por los grupos parlamentarios que entonces estaban en las Cortes de Castilla y León -PP, PSOE y Mixto- y en el que se recogía la necesidad de que se tenga en cuenta en el reparto de la financiación las características de la Comunidad como la dispersión geográfica, el envejecimiento o la baja densidad poblacional que hacen que el coste de los servicios públicos sea mayor en la región que en otras comunidades que no cuentan con esos «costes diferenciales», según la consejera.

Ahora, Ciudadanos y Podemos, que se han incorporado al Parlamento autonómico en esta legislatura, cuentan con veinte días para hacer las aportaciones que consideren oportunas para después tratar de cerrar una postura común que, a juicio de Pilar del Olmo, «no será difícil conseguir» porque todos coinciden en la necesidad de terminar con un modelo «muy complejo y muy oscuro que no ha aportado buenos resultados a Castilla y León».

Hay datos que corroboran ese mal funcionamiento del actual sistema, como el hecho de que el aumento de la recaudación tributaria ha crecido en el Estado pero no ha revertido en lo que se reparte entre las comunidades autónomas o que la Comunidad «ha perdido peso en el reparto» al pasar de más de un siete por ciento a una cantidad menor a ese porcentaje, según estimó la consejera, que recordó que con el actual modelo la Comunidad no cubre el coste de los servicios públicos esenciales cuando lo que se recibe debería servir para financiar todos los servicios que están transferidos a la Comunidad. Más que de cifras en el grupo de trabajo se hablará de principios generales, explicó la titular de Economía y Hacienda, que apostó por defender que la Comunidad «no pierda peso en el reparto».

Sobre la situación del panorama político, Del Olmo indicó que la «incertidumbre es total» , pero que lo que el grupo de trabajo plantea es «defender los intereses de Castilla y León frente al Gobierno que se constituya sea del signo que sea». Que existan «coaliciones» en el Gobierno «puede condicionar la actividad económica», aseguró, antes de añadir que en ese sentido el que haya partidos que plantean la «plurinacionalidad» también puede condicionar la reforma del modelo de financiación autonómica.

Los representantes de los partidos políticos también analizaron el encuentro. Podemos y PSOE, en un momento en el que buscan puntos de encuentro en el ámbito nacional, sí mostraron sintonía a nivel autonómico al asegurar que la posible reforma de la Constitución Española puede servir para mejorar el sistema de financiación .

El procurador socialista Javier Izquierdo pidió estar «atentos» a la «muy probable» reforma de la Carta Magna con la nueva configuración de las Cortes Generales para exigir que los intereses de Castilla y León se plasmen en esa reforma. Por su parte, el representante de Podemos, Carlos Chávez, consideró que se debe hablar de cuestiones como garantizar un «suelo social» , «plantar cara a los principios de austeridad» de la Unión Europea y que quede mejor «reflejado» el sistema de financiación autonómica en esa posible reforma constitucional. Sobre ese asunto, la consejera de Economía opinó que si se liga la modificación del sistema de financiación a la reforma de la Constitución «puede que no haya nuevo modelo hasta 2020».

El parlamentario popular, Carlos Fernández Carriedo, consideró que este asunto es «uno de los más importantes» a los que se enfrentará Castilla y León en los próximos años porque «sin financiación autonómica no hay posibilidad de financiar servicios ni de llevar a cabo proyectos», de manera que «hay que buscar una postura de Comunidad» e intentar que el grupo que trabaja en esta materia tenga «carácter permanente».

El procurador de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, también cargó contra el actual modelo de financiación de las autonomías y aseguró que ha hecho que Castilla y León haya perdido más de 400 millones de euros desde su implantación en 2009. «Venimos a intentar encontrar elementos comunes que son relativamente fáciles de hallar porque se trata de defender nuestras características», concluyó.

Por último, el procurador de IU-EQUO, José Sarrión, opinó que lo que se debate en el grupo de trabajo es cómo repartir «las migajas» que deje el Banco Central Europeo (BCE) al país entre las diferentes comunidades autónomas y aseguró que su formación luchará por un buen sistema para la Comunidad.