PP y Ciudadanos rechazan pedir el cierre de los prostíbulos por el Covid-19

La propuesta socialista dio lugar a un encendido debate, en el que (salvo Vox que sólo tiene un procurador) fueron mujeres las encargadas de defender las posturas de sus respectivos grupos. Así, la socialista Patricia Gómez arrancó contundente en la defensa de la PNL: «La prostitución no es un servicio, es una esclavitud; no hay trabajadoras, hay mujeres explotadas; no hay clientes, hay puteros. La única alternativa a la prostitución es la abolición» . Gómez acusó a la Junta de «desidia por no querer cerrar «estos antros de machismo y contagio» que, según señaló, en Castilla y León ascienden a 244. Rechazó, además, la justificación del Gobierno autonómico, a través de su vicepresidente, Francisco Igea, de que este tipo de establecimientos no se puedan clausurar porque están en la alegalidad porque «en otras comunidades, como Castilla-La Mancha, sí se ha hecho». Sin embargo, tanto el PP como Ciudadanos, que mostraron su rotundo rechazo a la prostitución, basaron su oposición a la iniciativa socialista, «que compartimos en el fondo», en que se trata de una competencia nacional ya que la abolición de esta práctica correspondería alEstado. La popular Paloma Vallejo insistió en que en la mayoría de los casos los establecimientos tienen licencia en vigor amparándose en distintas actividades , por los que su cierre no es posible e, incluso, puede generar situaciones de discriminación. Frente a la propuesta socialista, propuso que la Junta incremente los controles de los locales en los que se sospeche que se pueda ejercer la prostitución y que impulse una ley contra la trata de mujeres y un plan de atención integral.

En Ciudadanos, la parlamentaria Blanca Negrete también recordó que «no hay establecimientos con licencia de prostíbulo así que cerrarlos no es tan fácil». En su lugar, apostó por que la Administración autonómica vele por el cumplimiento estricto de las normas de seguridad.

Las Cortes de Castilla yLeón aprobaron casi por unanimidad —sólo el procurador de Vox se abstuvo— la convalidación del Decreto-Ley por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, defendió un texto que incluye sanciones que pueden llegar a los 600.000 euros y el cierre de locales y comercios, aunque apeló a la «responsabilidad individual y colectiva» en la batalla contra el Covid, porque «queda un incierto camino por recorrer» .

El parlamento autonómico debatió también otra iniciativa del PSOE que no salió adelante por la oposición de PP y Cs, y que contemplaba, entre otras medidas, bajar los ratios de alumnos en los centros educativos y que los profesores de baja sean sustituidos en dos días.