Pasan a disposición judicial los 15 detenidos por el fraude de los tanatorios en Valladolid

Las pesquisas que han conducido a la detención de trece varones y dos mujeres, entre propietarios y trabajadores del Grupo El Salvador , tienen su origen en el proceso penal iniciado en 2017 entre la funeraria y un empleado que una vez jubilado extorsionó a la mercantil para ver mejorada su pensión como requisito para no desvelar estas prácticas irregulares.

«¡ Son miles de personas las afectadas a lo largo de dos décadas !», advirtió el viernes la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, durante su comparecencia para facilitar detalles de la 'Operación Ignis'.

El proceso, en el que la empresa se personó como acusación particular y derivó en la condena del exempleado, se ha vuelto ahora como un boomerang en contra del Grupo El Salvador, a raíz de las indagaciones que la Policía comenzó a realizar sobre un pendrive del condenado que recogía numerosa prueba documental y gráfica.

Los hechos se circunscriben a Valladolid capital y Santovenia de Pisuerga , donde la empresa cuenta con instalaciones, en ambos casos dotadas de crematorio , de ahí los siete registros efectuados en ellas y en domicilios de los presuntos implicados, en uno de ellos, el del máximo responsable, donde la policía se incautó de 961.785 euros en metálico . También numerosa documentación que llevará mucho tiempo analizar en un proceso que será «muy prolijo», en referencia a que se cuenta ya con pruebas documentales de entre «6 y 8 metros cúbicos» en papel y formato digital.

Las pesquisas iniciales se acotan a dos décadas, entre los años 1995 y 2015 , aunque no se descarta que los hechos delictivos investigados pudieran ampliarse a otros periodos y, sobre todo, conduzcan a la detención de más personas por delito continuado de estafa, pertenencia a grupo criminal e incluso alguno más que pudiera determinar la autoridad judicial.