Más del 60% de los recursos de las Cuentas de 2017, pendientes del futuro Gobierno

Esta semana, en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) salía publicada la orden en la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad para 2017. Unas Cuentas en las que por primera vez, y según lo acordado, se pone por escrito como norma que «el ochenta por ciento del gasto no financiero» que gestionen las diferentes consejerías «se destine a aquellas responsables de los programas de gasto de Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Dependencia». Junto a esta premisa, la orden también establece que los números del próximo ejercicio «tendrán como objetivo» el apoyo al tejido empresarial «como base de la recuperación económica y de la creación de empleo», así como los grandes servicios públicos, «como clave de la cohesión social y territorial de la Comunidad». Además, habrá de elaborarse adecuando sus ingresos y gastos al cumplimiento de los objetivos de estabilidad y deuda pública.

Eso sí, como ya ha advertido la responsable de las Cuentas autonómicas, Pilar del Olmo, no será un trabajo al uso, pues hay datos claves que dependen de la aprobación y comunicación previa por parte del Gobierno de la Nación, y eso aún no se ha producido, cuando en otras ocasiones a estas alturas, sí. No en vano, más del 60% de los recursos que entran en el Presupuesto de la Junta proceden del Ejecutivo central. Sin olvidar que también los cálculos macroeconómicos nacionales son el punto de partida para los regionales, aunque estos si se conocieron el pasado viernes.

El grueso pendiente es el montante de las denominadas entregas a cuentas, esto es, el dinero que corresponde a Castilla y León recibir a través del criticado por «insuficiente» modelo de financiación autonómica, vigente desde 2009 y pendiente de una «urgente» revisión. Para este 2016, y tras un estirón del 7,16%, a la Comunidad le corresponden por esta vía más de 5.911 millones de euros, lo que supone un poco más de seis de cada diez euros computados por la Junta en el capítulo de recursos, que se eleva por encima de los 9.843,6 millones de euros.

A estas alturas, otros años ya se conocía la partida que iba a llegar a Castilla y León -al igual que al resto de comunidades- por esta vía. Aunque en julio se suele comunicar una estimación que requiere luego la aprobación por parte del Gobierno cuando da el visto bueno a su propio techo de gasto, ya es una cuantía aproximada que sirve de base para valorar el dinero disponible. Y no es el único dinero que pasa de las arcas estatales a las autonómicas. Aunque en comparación con el grueso que suponen las entregas a cuenta su cuantía es menos significativa, también es importante y se cuenta por millones de euros. Por un lado, las transferencias finalistas (que tienen un destino previamente fijado) y que de cara al presente ejercicio superan los 456,7 millones de euros. Por otro, el capítulo de «otras transferencia», con cerca de 110 millones presupuestados para el año en curso, casi todo el dinero (nueve de cada diez euros) fueron a parar a gasto sanitario, en concreto, al Fondo Sanitario de Asistencia Sanitaria para financiar el gasto en que incurre la comunidad al atender a enfermos de otros territorios.

Pero más allá del dinero contante y sonante, también hay otros aspectos que inciden directamente en la elaboración de las Cuentas de Castilla y León. Y es que también hay cuestiones como ciertos tributos de gestión autonómica, por ejemplo, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados (por los que más se ingresa), cuya estimación se basa en los cálculos del Gobierno. Con el cuadro macroeconómico ya presentado, la Junta tiene esa base.

Algo más claro está, aunque no aprobado oficialmente, el tope de endeudamiento, que depende de los objetivos de déficit. De cara a 2017, para las autonomías, la pasada primavera, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), acordó dejarlo en el 0,5% de su PIB regional. Eso sí, tiene que recibir el visto bueno del Consejo de Ministros, que al estar en funciones no ha podido ratificarlo.

Con este panorama de «incertidumbres», la Junta empezará a trabajar por los gastos, con unas estimaciones «muy prudentes» y partiendo de los datos de 2016. El propósito de Hacienda es poder presentar en plazo -el 14 de octubre es la fecha tope- las Cuentas de 2017.