El juzgado acuerda el cese del ‘pinchazo’ del teléfono del principal sospechoso de la muerte de Esther López

Contraria al criterio de la Guardia Civil, que había solicitado la prórroga de la intervención telefónica, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid hace suyos los argumentos de la Fiscalía, que se inclinó por el cese de estas actuaciones ya que Óscar S. M. «sospecha» que sus comunicaciones se encuentran intervenidas y por tanto «sólo habla de los problemas que le está acarreando la causa en el negocio de la inmobiliaria, de las noticias que salen en la prensa sobre las diligencias que se están practicando, manteniendo su inocencia, o de cualquier otra cuestión desvinculada de la causa».

Así, dado que el investigado no ha abordado los hechos, «incluso ha dado instrucciones muy precisas a las personas de su entorno más cercano para que eviten hablar de ellos y está haciendo uso de aplicaciones de mensajería que están fuera del alcance de la interceptación telefónica», entiende que «han decaído los motivos que inicialmente llevaron a conceder la intervención telefónica» por lo que su continuidad considera que implicaría una injerencia en el derecho constitucional al secreto de las comunicaciones, según se recoge en un auto en el que se levanta el secreto de sumario del contenido de estas escuchas, que era la única pieza de la causa sobre la que se mantenía esta medida.

Por otro lado, en la jornada de ayer se ha dado traslado a las partes de un informe de informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se concluye que las muestras obtenidas en la ropa que vestía Esther no coinciden con la pintura del vehículo del principal investigado . La única diligencia que queda ahora pendiente sería el informe definitivo sobre el navegador de su vehículo del investigado, tras unas primeras conclusiones que apuntaron a que fue «claramente manipulado» al haberse registrado un borrado de averías y un intento de hacer una copia de una llave.

El coche de Óscar S.M fue, además, objeto de un exhaustivo análisis, al que siguió en abril un registro de su domicilio familiar en Traspinedo y de su negocio. Ante la juez, él negó los hechos y no alcanzó a justificar inusuales movimientos detectados en los teléfonos móviles suyo y de la joven fallecida, quedando en libertad.